La resistencia en su cargo de Alejandra Gils Carbó, amparada en por la Constitución y por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (en donde se tipificó que el cargo es "vitalicio"), parecía una batalla ganada para el kirchnerismo. Pero en las últimas horas, se desata un plan para acotar o reducir su poder al mando de la Procuración General de la Nación.
Es que por un lado la Constitución Nacional define al Ministerio Público Fiscal como "un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera" con sus miembros protegidos por "inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones"; y por otro, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal sostiene que el cargo es "vitalicio" y que el mecanismo de remoción es el "juicio político", el mismo que rige para los jueces de la Corte Suprema, con mayoría de dos tercios del Senado.
En este marco, es que desde el Gobierno se buscan alternativas para recortar el poder de Gils Carbó, y en el mejor de los casos para la posición del Ejecutivo, forzar su renuncia.
El ministro de Justicia Germán Garavano trabaja, según consignó La Nación, en una serie de modificaciones que incluyen poner límites al rol del procurador general, que gana poder en un sistema acusatorio. El nuevo procurador tendrá un plazo de duración en el cargo (probablemente cinco años) y habrá por debajo suyo una serie de fiscales generales por temas que absorberán buena parte de sus funciones, según lo que planean.
Entre las limitaciones analizadas se cuenta que cuando un fiscal tenga acuerdo del Senado para cumplir funciones en un determinado lugar, no pueda ser trasladado por el Procurador a otro (como hizo Gils Carbó). Asimismo, consignó el matutino, se busca la forma de fijar "criterios de actuación claros" y de evitar cualquier variante de "instrucciones particulares", para garantizarse que el procurador no pueda indicarles a los fiscales cómo actuar en una causa determinada.
En este orden de cosas, una reciente denuncia presentada por organizaciones sindicales y sociales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advierte sobre un fuerte recorte presupuestario. Los dirigentes sociales accionaron un amparo para que el Ejecutivo restituya fondos sacados al MPF a través del DNU 257/15.
Según Página/12, una de las áreas que sufriría mayor impacto es la Procelac, encargada de las investigaciones sobre flujos de capitales internacionales y narcotráfico. Para los denunciantes, la medida pretende “un ahogamiento a la salud financiera y económica de este Ministerio Público, que es elemental para llevar cumplir sus funciones constitucionales”.
De momento, desde el Gobierno no descartan como otro desenlace posible que Gils Carbó acceda a irse en agosto, cuando cumpla la antigüedad en el cargo para jubilarse con el sueldo máximo. Aunque según testimonios del entorno de Gils Carbó a La Nación, "eso no va a pasar".
