Los consejeros de la Magistratura Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargosi, ambos representantes de los abogados provinciales y de la ciudad de Buenos Aires respectivamente, denunciaron ante el presidente del órgano, el camarista laboral Mario Fera, la “parálisis del órgano” que nombra, sanciona y remueve jueces.
“En lo que va del año tuvimos tan sólo tres plenarios y faltan designar 198 de los 890 jueces que registramos en nuestra base de datos”, explica Ostropolsky.
Según denunció Ostropolsky, “el 22,2 % de los juzgados se encuentran vacantes ya que de 890 juzgados que existen en la Argentina, 198 se encuentran sin titulares nombrados o sea vacantes y de ellas 74 se tramitan en los 38 concursos que residen en el Consejo de la Magistratura que conformamos”.
“Estamos sumidos a la voluntad del oficialismo que preside las cuatro comisiones y son los que marcan el ritmo a su parecer y se encargan de dar o no el quórum de acuerdo a los intereses políticos”, explica el abogado mendocino.
Además, agregó que, desde que entró en vigencia la ley 26.080 impulsada por la presidenta Cristina Kirchner cuando era senadora, "la composición del cuerpo, se modificó y se redujeron las reuniones de manera rotunda".
En tanto, ambos consejeros reclaman la necesidad de llamar a reunión plenaria para retomar la actividad y armar el proyecto de presupuesto del cuerpo que, ante la inacción, la propia Corte debió adelantar.
En su presentación Fargosi apela a que “al haber transcurrido demasiado tiempo desde la última reunión plenaria del consejo y debido a que el próximo domingo se celebrarán las elecciones PASO, con lo que la actividad política podrá volver a sus carriles comunes, solicito se llame a reunión plenaria el 15 de Agosto, actividad que lamentablemente ha sido interrumpida por factores públicos y notorios que no detallaré”.
El consejero pidió hace unos días el juicio político al juez federal Norberto Oyarbide por su presunto “mal desempeño”, luego de que la Cámara Federal declarara nulos los procesamientos de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender en la causa que el juez instruía por el presunto desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales en el marco del programa “Sueños Compartidos” dependiente de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo.
La causa ahora se encuentra en manos del juez Marcelo Martínez Di Giorgi por decisión de los camaristas, que avalaron “la litis pendencia” opuesta por los defensores de los imputados, ya que Di Giorgi mantiene otra causa que investiga el mismo objeto.
En tanto, el 10 de septiembre el Consejo de la Magistratura recibirá el descargo del juez federal, Daniel Rafecas, por supuesto “mal desempeño” en la causa que investiga la venta de la imprenta ex Ciccone Calcográfica y que mantiene en la mira al vicepresidente Amado Boudou y a su socio, José María Nuñez Carmona y al sindicado como testaferro del vice, Alejandro Vanderbroele.
La causa hoy se encuentra a cargo del juez Ariel Lijo, luego que la Cámara resolviera apartar a Rafecas por un intercambio de mensajes Danuzzio Iturraspe, defendor de su socio y amigo José María Nuñez Carmona.
(*) Especial para Perfil.com
