La última encuesta nacional de QSocial volvió a mostrar una caída en el apoyo al Gobierno: por segundo mes consecutivo, el oficialismo ve erosionarse su apoyo popular. Las razones de ese retroceso son múltiples y no se reducen a una sola variable. El deterioro del mercado laboral, un crecimiento que llega de manera heterogénea y un consumo que todavía no se recompone hacen su aporte a ese clima.
En este análisis, sin embargo, quiero detenerme en dos factores que considero especialmente sensibles, no solo por el golpe directo sobre la imagen del oficialismo, sino porque tienen un efecto de segundo orden que puede ser aún más peligroso: erosionan la promesa electoral con la que Milei llegó al poder. Y cuando eso ocurre, no está en juego solo la aprobación del momento: está en juego el contrato original entre el presidente y sus votantes.
La reputación se construye con gestión; la promesa electoral se construye con identidad. La primera se reconstruye con resultados. La segunda, cuando se quiebra, es mucho más difícil de reparar.
La inflación vuelve al centro y la paciencia se resiente
Milei asumió con una bandera clara y repetida hasta el cansancio: terminar con la inflación. Durante meses, el propio presidente anticipó el momento en que el IPC iba a “arrancar con cero”. No fue, por supuesto, el único pilar del triunfo de 2023: la bronca acumulada con la política tradicional y el rechazo al kirchnerismo también jugaron un papel decisivo en esa elección, entre otros. Pero la promesa antiinflacionaria fue uno de los compromisos programáticos más concretos y más repetidos, y sobre ella se ordenó en buena medida el respaldo a las medidas más duras del programa económico.
Javier Milei lanza una ambiciosa reforma electoral pero está obligado a conseguir los votos
Los datos recientes complican ese relato. La percepción inflacionaria que registran nuestras encuestas volvió a subir y el último dato del IPC no aportó alivio. Más significativo aún: por primera vez desde mediados del año pasado, la inflación vuelve a ubicarse en el segundo lugar del ranking de principales problemas del país. No es solo un número que se mueve; es un tema que vuelve a instalarse en la conversación cotidiana. Y lo hace, además, en un contexto donde la sensación de ajuste está lejos de haberse disipado.
Ese regreso tiene una consecuencia directa sobre una variable que en QSocial seguimos con especial atención: la tolerancia social al ajuste. La medimos a través del grado de acuerdo con la frase “algunos creen que el esfuerzo que está haciendo la sociedad ahora es un sacrificio que valdrá la pena en el futuro”. En apenas un mes, el consenso cayó siete puntos: pasó del 42% al 35%. No es una caída menor. Es, de hecho, la pregunta central que empieza a instalarse en la cabeza de muchos argentinos: ¿para qué estamos haciendo este esfuerzo si el problema que venían a resolver vuelve a aparecer?
La lógica implícita del programa económico de Milei —el ajuste duele ahora pero tiene un horizonte de recompensa— necesita que la inflación se comporte como promete el Gobierno. Cuando ese ancla se mueve, lo que se agrieta no es solo un indicador macro: es la razón misma por la que millones de personas decidieron bancar el costo del plan. Y con esa razón se empieza a erosionar también la credibilidad de quien la prometió.
La casta que volvió a ser tema: el costo reputacional de los hechos de corrupción
El segundo eje no es económico sino identitario, y en el caso de este Gobierno eso lo hace particularmente delicado. La Libertad Avanza construyó su diferencia con el sistema político tradicional sobre una idea fuerza: terminar con la casta. No con tal o cual dirigente, sino con un modo de ejercer el poder asociado a privilegios, opacidad y beneficios personales.
Los supuestos hechos de corrupción que salpican a Manuel Adorni empujan en la dirección exactamente contraria. Y los datos lo reflejan sin ambigüedades: la percepción de que la mayoría de los funcionarios de este gobierno son corruptos alcanzó en nuestro último relevamiento el pico de toda la serie. No es un número que se mueve dentro de márgenes aceptables; es un techo nuevo, y en ascenso.
El problema, otra vez, no es solo reputacional. Es que toca una fibra muy específica del electorado que apoyó a Milei. El votante que lo eligió para “terminar con los privilegios de los políticos que me tienen podrido” no pide perfección moral; pide coherencia. Cuando la coherencia se quiebra, la pregunta que aparece es directa y dolorosa: ¿si te voté para esto, ahora hacés lo mismo?
La corrupción, como han mostrado múltiples estudios comparados, rara vez hunde a un gobierno por sí sola. Pero cuando se combina con otros factores —malestar económico, expectativas frustradas, una promesa fundacional que empieza a tambalear— se convierte en un multiplicador de desilusión. Y la desilusión, a diferencia del enojo, no se expresa con movilización: se expresa con desafección.
El doble impacto que debería preocupar al oficialismo
Aquí está el nudo del análisis. Ambos elementos —el regreso de la inflación y la percepción creciente de corrupción— tienen un impacto doble y simultáneo. En el plano de la gestión, golpean la evaluación del presente: la economía no termina de llegar al bolsillo, el relato de la austeridad moral se resquebraja. Pero, en un plano más profundo, afectan las dos promesas con las que Milei construyó su identidad política: estabilizar los precios y barrer con la casta.
Y ese segundo plano es el que puede ser más dañino a mediano plazo. Porque una baja en la aprobación se recupera con buenos meses de gestión. En cambio, cuando el votante empieza a preguntarse si la persona que votó es quien dijo ser —o si el proyecto por el que apostó va a cumplir lo que prometió— lo que se está rompiendo es el vínculo fundacional.
La desilusión es, en términos políticos, una derrota más silenciosa pero más duradera que el rechazo. No produce un voto castigo inmediato; produce indiferencia, abstención, migración pragmática a otras ofertas. Es el territorio donde muchos gobiernos perdieron su base sin haber hecho nada particularmente escandaloso.
¿Crisis reputacional? No. Llamado de atención, sí
Conviene evitar las lecturas apocalípticas. Aun en este contexto, el Gobierno conserva un nivel de apoyo cercano al 40% y lidera con comodidad las encuestas electorales proyectadas. El antikirchnerismo sigue siendo un activo central en la construcción del voto oficialista, y no hay por ahora una oposición que ofrezca una alternativa capaz de capitalizar el malestar.
Pero justamente por eso los datos de esta última encuesta no deberían ser leídos como un episodio aislado, sino como una señal clara: el margen para sostener el apoyo sobre la sola base de la expectativa se está achicando. Los próximos meses no van a medirse por encuestas puntuales, sino por la capacidad del oficialismo de recuperar la agenda que lo llevó al triunfo y de mostrar avances concretos en los temas sobre los que construyó su promesa.
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En esa lectura, la reforma electoral quizás no sea casualidad. Parece una apuesta consciente por reencauzar la discusión pública hacia el terreno donde el Gobierno se siente más cómodo y donde puede volver a mostrarse haciendo lo que dijo que venía a hacer: cambiar las reglas del sistema que, según su diagnóstico, le falló a los argentinos durante décadas.
La pregunta política que queda abierta es si ese intento de recuperar la agenda alcanzará para compensar el desgaste que producen la inflación que vuelve y los episodios de corrupción que se acumulan. O si, por el contrario, el electorado empezará a mirar menos el rumbo prometido y más los resultados concretos en su vida cotidiana.
Por ahora, el Gobierno tiene tiempo, apoyo y aire. Pero también tiene un aviso. Y en política, los avisos que se leen a tiempo suelen marcar la diferencia entre administrar una tensión y gestionar una crisis.
