El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, será el encargado de controlar la distribución del papel para diarios, según una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial que generó un fuerte rechazo de dirigentes de la oposición.
El funcionario tendrá a cargo el Registro Nacional de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa y Papel para Diarios, que "quedará habilitado para el dictado y ejecución de todos los actos tendientes a su instrumentación, funcionamiento, supervisión y control".
La Resolución 9, firmada por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dispone que la secretaría a cargo de Moreno controlará ese Registro, creado en el Artículo 28 de la Ley Nº 26.736 que fue sancionada y promulgada a fines del año pasado en un veloz trámite.
Desde el PRO, la diputada Cornelia Schmidt-Liermann pidió "transparentar y exponer cuál será el rol (de Moreno) en la distribución del papel para diarios" y exigió que "se explique a la ciudadanía cuáles serán las pautas de distribución y el costo del papel".
También sumó su repudio la diputada de Unión por Todos Patricia Bullrich, quien argumentó que "si bien ya lo venía haciendo de manera informal para el Grupo Olmos, ahora el secretario de Comercio será el encargado en forma oficial de controlar la distribución del papel para diarios".
Por su parte, el diputado radical Miguel Giubergia afirmó que "si seguimos así, Moreno va a terminar teniendo más poder que la presidenta Cristina Fernández" y denunció que "sin tener el cargo, Moreno es tan superministro como lo fue Domingo Cavallo".
También cuestionó la designación el diputado por el Frente Amplio Progresista Gerardo Milman, quien opinó que "no es otra cosa que la cabal demostración de que el Gobierno solo busca controlar a quienes fabrican, compran o importan papel".
En los últimos años, Moreno ha encabezado una ofensiva contra Papel Prensa, empresa con capitales mayoritarios de los matutinos Clarín y La Nación y donde el 95 por ciento de los clientes son diarios.
El 12 de agosto de 2010, irrumpió en la sede de la papelera, en la que el Estado posee el 27 por ciento, con guantes de box y, recurriendo a amenazas y gritos, impidió que se realizara una votación de los socios, recordó la agencia DyN.
Según el Artículo tercero de la disposición, "los fabricantes, distribuidores, comercializadores y compradores de pasta celulosa y de papel para diarios actualmente en actividad, contarán con un plazo máximo de 22 días a partir del dictado del acto administrativo correspondiente por parte de la Secretaría de Comercio Interior, a los fines de su inscripción en el Registro Nacional".
Además, el Artículo cuarto indica que "los fabricantes, distribuidores y comercializadores alcanzados por el Artículo 2º de esta Resolución, deberán cumplir con la obligación prevista en el Artículo 18 de la ley en el plazo máximo de 5 días a contar desde la inscripción en el Registro".
"Encomiéndase a la Secretaría de Comercio Interior la toma de todas las medidas conducentes a fin de tornar operativo el funcionamiento de la Comisión Federal Asesora para la Promoción de la Producción y Uso Sustentable de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios creada por el Artículo 12 de la Ley Nº 26.736, coordinando su accionar", se especificó.
Y se fijó el volumen estimado de importaciones necesarias para el trimestre enero-marzo de 2012 en 20.000 toneladas de papel para diario y el volumen estimado de producción nacional para idéntico período en 42.500 toneladas de idéntico producto.
La fiscalización, verificación y control del cumplimiento de la Ley Nº 26.736 será ejercida a través de la Secretaría de Comercio Interior.
Las atribuciones. La Resolución que le entrega a Guillermo Moreno el manejo del Registro de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa y Papel para Diarios permitirá que el secretario de Comercio, quien fue apartado por la Justicia de la empresa, tenga desde ahora una injerencia decisiva en el manejo de Papel Prensa.
En primer lugar, porque Moreno será por Resolución quien sustituirá, hasta que se conforme, las funciones que la Ley 26.736 le otorga a la Comisión Federal Asesora, mientras que él mismo será el encargado de aplicarle multas a la empresa, que podrían llegar hasta 75 millones de dólares.
Pero además, por el artículo 8 de la Resolución 9 publicada en el Boletín Oficial, el secretario ya fijó, por primera vez desde 1987, un cupo a la importación del papel para diarios, que en el caso del primer trimestre será de 20 mil toneladas.
Se mantiene el arancel cero, pero si bien la cifra lineal es compatible con lo que su utiliza anualmente, la imposición por trimestre no toma en cuenta ni la conveniencia del precio internacional ni los stocks que puedan tener acumulados los diarios.
El cupo tiene como correlato el nuevo control que se ejercerá sobre el comercio exterior desde el 1 de febrero, ya que todos los operadores que ingresen mercadería al país deberán presentar con anterioridad la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), por lo cuál Moreno será quién decida cuándo, cuánto y cómo se podrán efectuar los ingresos de papel para diarios al país.
También el artículo 8 fijó en 42.500 toneladas la meta de producción nacional para el primer trimestre, una cifra que está muy cerca de las cifras que se consumen de papel nacional.
La Ley establece que las estimaciones de importación y de producción serán establecidas por la Comisión Asesora, pero la Resolución indica que si no está en funcionamiento "y/o no haya dictado su propio Reglamento", las obligaciones "deberán ser cumplimentadas ante la Autoridad de Aplicación pertinente".
En tanto, el artículo 12 de la Resolución pone en marcha lo que los socios privados de Papel Prensa, los diarios Clarín y La Nación, denunciaron como "licuación encubierta", ya que le otorga a la empresa papelera plazo hasta febrero de 2012 para presentar el primer "plan de inversiones tendiente a satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios", tal como lo prevé el artículo 40 de la Ley.
Este artículo fue ampliamente resistido en el Congreso no sólo porque tal como es la estructura de la industria papelera en el mundo, hoy sobreofertada, no tiene lógica empresaria la ampliación productiva de una planta, sino porque además el artículo 41 apunta a desplazar a los socios privados.
La norma prevé que si éstos no hacen las inversiones, éstas serán atendidas por el Estado, quien se cobrará aumentando su participación accionaria en Papel Prensa, diluyendo a la vez la proporción de Clarín y La Nación.
Por último, ya la Ley establecía que las diferencias podrán ser llevadas a la vía judicial, sólo cuando se "agote" la vía administrativa, que por la Resolución también será ejercida "en la órbita de la secretaría de Comercio Exterior".
Al respecto, el artículo 9 también le permitirá a Moreno graduar las multas al "equivalente en pesos de una tonelada de producción hasta 100 mil toneladas de producción de papel para diarios", que el caso máximo, a U$S 750 la tonelada, importa 75 millones de dólares, unos 325 millones de pesos.
