Pasaron solo cinco días y el gobierno cambió de estrategia en torno a la imprenta Donnelley. Pero no fue gratis.
Es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que el Gobierno aplicaría la Ley Antiterrorista contra los propietarios de la empresa declarada en quiebra. Según acusó la mandataria, la firma norteamericana buscaba “generar una situación de zozobra”.
El 14 de agosto, dijo en cadena nacional: "Por estos días nos desperamos con un titular, que Donelley cerraba sus puertas y quedaban 400 trabajadores a la calle. Lear, que es otro problema vinculado al del dólar. Pero Donelley no está relacionado al dólar”, cargó.
"Una empresa, NML precisamente, que tenía el 7% de esta empresa y en diciembre de 2013 la transcribió a otro fondo de inversión. Hasta que aparece Donnelley, hasta que nos preguntamos de dónde sale esta empresa, que cierra de un día para el otro. Y nos dimos cuenta que Donnelley que también el 60 / 70% era de la empresa que Singer le había transferido”, prosiguió.
La Presidenta anunció que “desde el Estado, la AFIP, se ha presentado primero frente al juez de la quiebra para que revoque el acto de quiebra y se le inicie una causa por el delito de defraudación, porque se ha creado un estado de quiebra que no es efectivamente”.
El Estado hará “uso por primera vez de la Ley Antiterrorista”. “Pensaban que era contra la protesta social, pero no. Lo vamos a usar para esto”, reiteró.
Marcha atrás. Hoy el Gobierno nacional dio marcha atrás con la medida. El titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, dijo que la denuncia apunta a investigar una “quiebra fraudulenta”.
“Creo que se derivó una confusión, a partir del uso ‘antiterrorista’. La denuncia que estaría haciendo la AFIP es por ‘quiebra fraudulenta’. Como derivación de esa denuncia, se podría llegar a aplicar el artículo 309 del Código Penal, que pena los ley de delitos económicos. Lo que pasa es que esta ley fue aprobada en conjunto con la ley antiterrorista, de ahí se deriva la confusión”, dijo el funcionario.
“No tiene nada que ver con la ley de financiamiento del terrorismo”, agregó.
