La semana en la que se conmemoró el Día Internacional de los Derechos de las Personas Migrantes, las organizaciones de la sociedad civil que abogan por ellos y ellas salieron a la calle con un Migrantazo 2020 para reclamar por la derogación del decreto 70/2017, del presidente Mauricio Macri, al que señalan como responsable por acelerar las expulsiones de extranjeros en situación de irregularidad. También para pedir que se avance con políticas concretas de regularización.
La orden en cuestión se encuentra hoy en manos de la Corte Suprema que debe definir su constitucionalidad. Ya cuenta con un fallo colectivo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que lo rebate y, desde el pasado 19 de noviembre, también con un dictamen de la procuradora ante la Corte, Laura Monti, declarando inadmisibile la apelación de Migraciones, entonces en manos de la gestión de Juntos por el Cambio.Su pronunciamiento no es vinculante pero no por ello fue menos categórico.
La migración como fortaleza de nuestra sociedad
“Los agravios contenidos en el escrito recursivo no constituyen sino una mera repetición de afirmaciones que no logran desvirtuar los argumentos esgrimidos por la cámara para resolver del modo en que lo hizo”, sostuvo Monti. Acorde a su evaluación, la apelación de Migraciones “se limita a reiterar lo expresado en las anteriores instancias respecto de la plena vigencia del decreto” asi como la “ausencia de ‘caso, causa o controversia’ que habilite la intervención del Poder Judicial” en cuanto a que es el Congreso quien debe ratificar su vigencia, asegura.
Si bien la Corte Suprema es la instancia más avanzada para definir el futuro de este decreto migratorio –tanto si ratifica el fallo de Cámara como si emite uno propio–, lo concreto es que el máximo tribunal no tiene plazos. “De coincidir con el Procurador, ese decreto debería dejar de existir, lo cual sería muy auspicioso. Pero también podría ser parte de una respuesta de la mano del Ejecutivo nacional. Es algo que venimos trabajando con las organizaciones migrantes y esperamos tener novedades en los próximos meses”, comentó a PERFIL Diego Morales, responsable del área de Legales del CELS.
Existe, además, un tercer camino: un dictamen negativo de la Comision bicameral de Tramite Legislativo del Congreso que debe convalidar los DNU. A cuatro años de su publicación, aún no se expidió. En cualquier caso, también requiere de voluntad política para avanzar en ese sentido.
El papel de los gobiernos locales en la gestión migratoria
Durante los primeros meses de 2020, las organizaciones nucleadas en el colectivo Agenda Migrante 2020 mantuvieron reuniones con funcionarios del Gobierno nacional para plantearles su cuestionamiento al decreto 70/2017 –cuyo fallo a favor en primera instancia habían apelado– y la necesidad de mejorar las políticas de regularización. Desde el Ejecutivo habían expresado buena voluntad pero luego todo se paralizó con la pandemia.
A juicio de la procuradora, la apelación de Migraciones ni probó la necesidad de un decreto ni la existencia de una “situación crítica” a raíz de “severas dificultades para concretar órdenes de expulsión”, “delitos de tráfico de armas, de personas, de órganos y tejidos y de estupefacientes” y la “aparición de nuevas modalidades de fraude a la ley migratoria”, tal como afirmaban las autoridades del anterior gobierno. El tribunal las calificó de estadísticas sesgadas orientadas a “justificar la conveniencia de una reforma”.
