Secuestrar correos electrónicos e incautar todos los registros de pagos, de cantidad de tripulantes y de número de habitaciones pagadas por Aerolíneas Argentinas a Hotesur. Son las medidas centrales que solicitó el fiscal federal Carlos Stornelli para comenzar a investigar una denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una causa satélite del caso Hotesur.
El fiscal amplió el objeto de la investigación y sumó la hipótesis de la diputada Margarita Stolbizer: no sólo habla de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública –el delito más simple de probar–, sino que agrega delitos más complejos: posible defraudación a la administración pública y administración infiel contra Aerolíneas Argentinas, ya que el fiscal cree que Hotesur facturó a la empresa estatal montos superiores a los reales. Y que las autoridades fueron cómplices. Según Stornelli, “la cantidad de habitaciones contratadas (para el personal de la aerolínea que vuela a El Calafate), facturadas y pagadas habría excedido la cantidad de personas de una tripulación”. La frecuencia de vuelos al destino santacruceño aumentó 98% entre 2008 y 2015.
El caso es el hecho de presunta corrupción más claro contra la ex mandataria. Según la denuncia de Stolbizer, que accedió a documentación que la propia Aerolíneas Argentinas aportó a la causa, se trata de 35 mil habitaciones en el Hotel Alto Calafate por US$ 2,5 millones.
El fin de semana, Infobae contó que Stornelli había impulsado la causa por primera vez en casi un año. PERFIL accedió a la lista completa de medidas solicitadas por el fiscal al juez Daniel Rafecas, que debe decidir qué impulso le da a este caso.
Stornelli solicitó al juez que envíe fuerzas de seguridad a Aerolíneas Argentinas para reclamar la entrega inmediata de las facturas de Hotesur por el pago de habitaciones para su tripulación durante 2015, que la aerolínea se comprometió a aportar y nunca lo hizo.
El fiscal también pidió “incautar” todos los e-mails entre el jefe de base del aeropuerto de El Calafate y el hotel de la familia presidencial con el informe de cada vuelo arribado a la villa turística, “la tripulación y cantidad de habitaciones requeridas para el alojamiento”.
Además, Aerolíneas deberá entregar a la Justicia la “nómina completa de toda la tripulación que entre 2008 y 2015 cubrió rutas aéreas con destino final a El Calafate”.
Una vez secuestrada la documentación, Stornelli reclama realizar una pericia contable para analizar todos los documentos de la causa, incluidos los que duermen hace meses en el expediente.
