La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene otro frente judicial que pasa inadvertido pero puede traerle problemas si la Justicia pone el ojo. Una causa paralela a la de Hotesur espera en el juzgado de Daniel Rafecas, y la acusación es por el mismo delito por el que Amado Boudou comenzó a ser investigado en la causa Ciccone. Un delito que para la denunciante, Margarita Stolbizer, está a la vista: negociaciones incompatibles con la función pública.
Uno de los hoteles de la familia Kirchner, Alto Calafate, facturó desde 2009 US$ 2,5 millones a Aerolíneas Argentinas por habitaciones para sus tripulantes. PERFIL accedió esta semana a la llamativa explicación que la empresa estatal dio a la Justicia para justificar la contratación del hotel.
Los responsables de la compañía aérea, que dirige Mariano Recalde, no pudieron informar cuántos miembros de su tripulación se hospedaron en el hotel de lujo. Dijeron que el establecimiento había sido contratado incluso antes de la estatización de Aerolíneas. El grupo español Marsans, entonces contratista del Estado, también pagaba habitaciones a los Kirchner en 2007. Ese mismo año, Cristina fue electa presidenta por primera vez. Marsans fue el principal aportante de su campaña. Al menos en la lista de aportantes declarados. La recaudación de esa campaña está siendo investigada por presunto lavado.
Alto Calafate fue seleccionado en un “concurso cerrado” en el que la aerolínea “invita” todos los años al hotel de la Presidenta a ofertar. El hotel de Hotesur ganó por ser “la oferta más conveniente” para Aerolíneas. ¿Cómo se entra en la consideración de Aerolíneas? Hay que estar recomendado por sus pilotos y otros tripulantes en una encuesta que realiza la compañía, dijo la empresa a la Justicia. El resto de los hoteles que estaban en la compulsa fueron descalificados por no tener piscina o ser ruidosos, por estar en el centro de El Calafate, y en un caso, por falta de limpieza. Así, la gerencia de Compras fue descartando a los competidores.
Aerolíneas sostiene que “las normas de contrataciones públicas” no rigen para la empresa estatal, sino que la compañía “se somete al Manual de Compras Generales y Contratos de la Gerencia del Area Económico Financiera”. Pero las normas sí se aplican a funcionarios.
Stolbizer adelantó que pedirá mañana nuevas medidas para agilizar ese expediente a través de su abogada, Silvina Martínez, y aseguró que la causa está paralizada.
