El Fiscal Federal Carlos Rívolo descartó este viernes requerirle a la jueza María Eugenia Capuchetti la elevación a juicio oral de la causa por el atentado a Cristina Kirchner. La magistrada le había trasladado la recomendación hecha por la Cámara Federal Porteña esta misma semana de enviar el expediente a instancia de debate oral.
El expediente transita por su sexto mes de instrucción y tiene tres procesados: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, coautores, y Nicolás Gabriel Carrizo, como partícipe secundario del intento de homicidio, todos con prisión preventiva. En la causa hay varias líneas de investigación propuestas por la querella donde buscan determinar que detrás de los acusados hubo un autor intelectual.
La respuesta del fiscal se fundó en que todavía quedan medidas de pruebas pendientes en el expediente que “se están produciendo y llevaron adelante numerosas diligencias y medidas de prueba que esta Fiscalía consideró indispensables para el pronto avance y conclusión de la instrucción”, sostuvo el funcionario.
Rívolo advirtió que todavía se están produciendo pruebas en la investigación
En la misma contestación al planteo de la magistrada, Rívolo recordó que se encuentra en curso un nuevo análisis sobre el contenido del teléfono de Fernando Sabag Montiel. “No puede ignorarse la importancia que reviste poder acceder al contenido de ese dispositivo en la etapa instructoria”, advirtió.
El planteo de la Sala I de la Cámara Federal Porteña se dio tras la resolución de un incidente donde rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Nicolás Gabriel Carrizo. En su fallo, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi señalaron que la investigación está “agotada” y debe ser elevada a juicio.
Por otra parte, Rívolo le advirtió a la jueza que en caso de no coincidir con su postura, puede continuar con la conducción del expediente. “De no compartir las medidas de prueba, sus plazos de producción en la presente o aún discrecionalmente, (Capuchetti) se encuentra facultada para reasumir la investigación”. El fiscal tiene delegada la investigación desde noviembre del año pasado cuando la querella que representa a la vicepresidenta pidió su apartamiento de la causa.
