La coalición oficialista Cambiemos confirmó este sábado su decisión de aprobar antes de fin de año una nueva ley de Ministerio Público orientada a remover a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sin necesidad de tener que recurrir a un juicio político.
"Antes de fin de año va a haber un proyecto impulsado por el oficialismo para sacar a la procuradora", sostuvo un legislador de Cambiemos en diálogo con periodistas parlamentarios, según consignó la agencia DyN.
De esta manera, la coalición de Gobierno buscará "regular el proceso de remoción" de la procuradora al aprovechar el fallo de primera instancia de un tribunal nacional en lo Contencioso Administrativo Federal que declara inconstitucional un artículo de la ley que fue sancionada en junio de 2015.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal 9, Pablo Cayssials, resolvió en los últimos días aceptar la demanda promovida por la agrupación Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y declaró la inconstitucionalidad el artículo 76 de la ley 27.148, que establecía el juicio político como único procedimiento para la destitución de la jefa.
"El privilegio que la Ley 27.148 le concede al titular del Ministerio Público, resulta muy superior al que tienen todos los jueces de la Nación (con excepción de los magistrados de la Corte Suprema), lo que resulta incompatible con las exigencias de igualdad y responsabilidad de los funcionarios, contemplados en la Constitución Nacional", justificó el magistrado.
Si bien ya hubo varios intentos desde el Congreso por separar a la procuradora y, hasta se abrió un proceso en la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público y Fiscal para evaluar el trabajo de Gils Carbó con la intención de avanzar con el juicio político, ahora el oficialismo con una nueva ley buscará destituir a la funcionaria por la mayoría simple del Congreso.
Esta decisión había sido anticipada a comienzos de semana por la diputada nacional y referente de Cambiemos, Elisa Carrió, quien en declaraciones televisivas cuestionó el desempeño de la funcionaria y sostuvo que eran necesarios "nuevos mecanismos de remoción".
"Es necesario cambiar los mecanismos de remoción para garantizar la división de los poderes", sostuvo la legisladora, tras rechazar la intención de remover a la Procuradora General por decreto. La intención del gobierno de Mauricio Macri de apartar a la jefa de los fiscales de su cargo se sustenta, entre otras cosas, por considerarla "impropia" para ocupar ese rol por estar procesada por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en la compra de un edificio por 44 millones de pesos.
El ministro de Justicia Germán Garavano también había adelantado que el oficialismo iba a intentar avanzar en la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal para eliminar el requisito del juicio político para apartar a la procuradora. De este modo confió en que "rápidamente después de las elecciones" legislativas esa norma podía ser "modificada" con el acompañamiento de la oposición porque, manifestó "es una deuda que tiene la democracia".
