En un gesto sorpresivo, el Gobierno ordenó “desarchivar” información sobre dos empresas vinculadas a lo ocurrido el día en que murió Alberto Nisman. Una es Palermopack SA, propietaria del auto Audi Q5 de 2013, patente MPC641, que utilizaba el responsable de la UFI AMIA. La otra, Seguridad Integral Empresaria SA (SIE SA), tiene a cargo la seguridad del edificio Le Parc Puerto Madero, donde el fiscal fue hallado sin vida.
Esta semana, personal de la Inspección General de Justicia instrumentó en silencio los mecanismos internos para conseguir los expedientes originales de las dos firmas, según pudo confirmar PERFIL de fuentes que conocen por dentro la entidad, que guarda los registros de todas las empresas del país.
Tuvieron éxito en el caso de Palermopack SA, que ya había sido objeto de suspicaces informaciones difundidas en América 24 y Télam, donde se llegó a relacionar la firma con un presunto operador de la CIA, Frank Holder.
Por el contrario, confundieron el nombre de fantasía de la empresa de seguridad con el de otra que no tuvo ninguna actividad en los últimos años ni otro dato que permita entrever cualquier trascendencia. Esta última información parece evidenciar que las autoridades del Ministerio de Justicia –del que depende la IGJ– están realizando una búsqueda sin demasiadas precisiones.
SIE SA quedó en la mira por los problemas con las cámaras del edificio, que habrían facilitado momentos “ciegos” para un eventual intruso.
Cuando las autoridades del ministerio –controlado políticamente por dos referentes de La Cámpora, Eduardo de Pedro (diputado nacional) y Julián Alvarez, secretario de Justicia– tengan en sus manos la información correcta, encontrarán que la empresa ha recibido créditos por más de 100 mil pesos de la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas.
Como funcionarios del ministerio, las autoridades que realizaron el requerimiento cuentan con acceso informático a las presentaciones de las compañías ante la IGJ. Sin embargo, el archivo físico les ofrece datos adicionales, como qué abogado presentó el trámite, qué vistas cursaron y quién tramitó el expediente. Por otro lado, hay antecedentes peligrosos con otros expedientes sensibles: los de las empresas vinculadas al escándalo por la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica, que desaparecieron del archivo y fueron reconstruidos sólo parcialmente, por la que fue procesado el vicepresidente Amado Boudou.
La información de la IGJ era de acceso público hasta el estallido del escándalo Ciccone. Desde 2010 existe un “cepo informativo” de facto que impide conocer los expedientes sin acreditar un “interés legítimo”. Este año, la norma fue formalizada a través de la primera resolución que emitió este órgano dependiente del Ministerio de Justicia.
La imposición de estas normas no limitó el uso político de esta información por parte del Gobierno. Por ejemplo, la Presidenta ventiló datos sobre una sociedad propiedad del juez Claudio Bonadio y su hermano, entre otros, tras el avance de la causa Hotesur SA, la empresa hotelera presidencial, que realizó el magistrado. En otras ocasiones utilizó en discursos públicos información reservada de otras reparticiones, como la AFIP.
