POLITICA
Enriquecimiento ilícito, lavado y evasión

El Gobierno cierra filas en torno a Andrés Vázquez pese a los cuestionamientos judiciales

El cuestionado ex titular de la DGI asume en lugar del renunciado Juan Pazo.

Andrés Vazquez
Andrés Vazquez | Agencia Na

La designación de Andrés Vázquez como nuevo titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP, llegó en medio de cuestionamientos por las investigaciones judiciales que lo tiene bajo la lupa. Está acusado de enriquecimiento ilícito, lavado y evasión. Fuentes oficiales buscan desactivar la polémica con un argumento recurrente: no hay condena, y la presunción de inocencia sigue vigente.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, se marcó la línea que luego replicaron voceros y funcionarios del área económica. “Andrés Vázquez, actual director de la Dirección General Impositiva, representa la continuidad de las políticas del presidente Javier Milei y del Ministro de economía Luis Caputo”, sostuvo el texto oficial.

Quién es Andrés Vázquez, el nuevo titular de la ARCA bajo investigación por enriquecimiento ilícito

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Las investigaciones en curso “no constituyen un impedimento legal para su designación”, aseguran dentro de Casa Rosada.

Vázquez desembarca al frente del ARCA en reemplazo de Juan Pazo, quien había asumido como titular del organismo el 11 de diciembre de 2024, en los primeros días de la reconfiguración del esquema tributario impulsado por la administración de Javier Milei. La mención al antecesor no es menor: en la Casa Rosada insisten en que la designación apunta a sostener una línea de gestión sin sobresaltos en un área considerada estratégica para el programa económico.

Juan Pazo
Juan Pazo, ahora extitular de ARCA

Con una larga trayectoria en el organismo recaudador, Vázquez fue presentado como una pieza clave para sostener el rumbo iniciado tras la salida de Pazo: mayor control, reorganización interna y alineamiento con la estrategia fiscal del Gobierno.

La designación, sin embargo, reavivó críticas de la oposición, que cuestiona la oportunidad del nombramiento y advierte sobre el impacto institucional de colocar al frente del ente recaudador a un funcionario investigado. Desde esos sectores señalan que, más allá de la ausencia de una condena, el estándar de exigencia debería ser más alto, tratándose de un cargo sensible, con acceso a información clave y poder de control sobre contribuyentes.

AG/fl