En la Casa Rosada aún no recibieron una respuesta –ni de manera formal ni por canales alternativos– a la convocatoria que realizó al Gobierno porteño para acordar el costo que implica el traspaso de facultades y funciones de seguridad. En medio de una puja política que fue en aumento, saben que la posibilidad de que Horacio Rodríguez Larreta rechace la invitación es uno de los escenarios con los que se pueden encontrar en las próximas horas, por lo que se preparan para insistir con el diálogo y hacer una nueva convocatoria.
Para mostrar voluntad, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y el titular de la cartera de Economía, Martín Guzmán, están dispuestos a encabezar la mesa de negociación que se debe abrir a partir de la aprobación de la ley 27.606, sancionada el 10 de diciembre y promulgada por el Ejecutivo Nacional el lunes pasado. En la primera carta enviada a Larreta el martes pasado, propusieron como fecha de encuentro el próximo lunes 4 de enero y “en caso de que no resulte posible para el señor jefe de Gobierno asistir en la fecha precitada, se proponen como fechas alternativas el 6, 7 u 8 de enero”.
“La carta en la que se convocó a la Ciudad fue firmada por De Pedro y Guzmán y dirigida a Larreta, marcando así voluntad de llevar las negociaciones al máximo nivel”, explicaron desde el Gobierno nacional. En caso de aceptar la invitación, el jefe de Gobierno porteño debería ser quien defina quién represente a la Ciudad en la discusión, algo que por ahora desde Juntos por el Cambio, se niegan a hacer.
Durante estos meses, además de los equipos técnicos de los dos gobiernos, hubo un diálogo abierto entre Larreta y De Pedro, conversaciones que se cortaron horas antes de que la ley por la quita de fondos fuera aprobada.
Si no hay negociación, el monto se fijaría a través del CFI
El Gobierno porteño busca que la Corte Suprema salde la discusión, por lo que, este lunes no habría encuentro. Larreta llegó al máximo tribunal días después de que Alberto Fernández anunciara la quita de fondos a la Ciudad para redirigirlos a la provincia de Buenos Aires, que en septiembre sufría un fuerte conflicto con la policía bonaerense.
“Sería contradictorio reclamar diálogo y consenso y no venir al ámbito para eso creado por ley”, dicen desde el entorno de De Pedro. El tratamiento de la ley ya había sido rechazado por Juntos por el Cambio en la discusión parlamentaria.
El día de la votación, el oficialismo llegó al recinto sin los votos que garanticen el avance del proyecto que fijaba la quita de fondos. Para conseguir nuevos aliados, De Pedro se instaló con varios funcionarios de su ministerio en el Congreso en donde también estaba el presidente del bloque del Frente de todos, Máximo Kirchner. Había que convencer al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, del acompañamiento de cuatro diputados de su provincia.
La clave en la negociación fue la modificación del proyecto inicial que fijaba un monto de $ 24.500 millones (recibía $ 65 mil millones) el envío del gobierno nacional para 2020 en materia de seguridad. El texto estableció la creación de una comisión para que el monto sea consensuado entre la Casa Rosada y la Jefatura porteña en un plazo de 60 días, la misma que hoy el Gobierno porteño rechaza.
Con la Ley aprobada, el gobierno de Alberto Fernández consiguió otro triunfo político en torno a esta discusión. Mostró el acompañamiento de 23 gobernadores al Consenso Fiscal 2020 que expresa abstenerse por un año “de iniciar procesos judiciales, y suspender por igual término los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias, servicios o funciones, por hechos anteriores a la entrada en vigencia de este consenso”. Mientras Larreta se opuso a firmarlo para continuar el reclamo en la Corte, entre los que avanzaron en su aprobación también estuvieron los tres jefes provinciales radicales (Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés).
“Le sobraba la plata que le estaba mandando el Gobierno nacional y lo saben, la firma de los tres gobernadores aliados le sacó mucha fuerza a su planteo en la Corte, por lo que deberían sentarse a dialogar. No tenemos una decisión de enfrentarlos, sino de corregir lo que se le dio de más”, dicen desde Balcarce 50.
¿Hasta dónde están dispuestos a negociar la gestión de Alberto Fernández? No demasiado: al asumir la presidencial, en el Gobierno ya aseguraban que del 3,5% que recibía por coparticipación, querían reducir más de un punto las transferencias. Ahora hablan aun de una quita superior.
“Si no llegara a venir en ninguna de las fechas previstas, se los volverá a invitar marcando la voluntad de diálogo y apego a lo que fija la ley”, insisten ante PERFIL desde Rosada. Mientras tanto, se conformó una Comisión Federal de Impuestos (CFI) a cargo de un dirigente de La Cámpora, que tiene 14 miembros y debe elevar en 30 días un informe técnico. En caso de que el diálogo entre Nación y Ciudad no se abra, podría ser este organismo el que fije el monto que destinará el Gobierno este 2021 para la seguridad porteña.
