El fin de semana los asesores jurídicos de Horacio Rodríguez Larreta trabajaron. Tras el festejo de Navidad, terminaron de pulir la demanda ante la Corte Suprema de Justicia que presentaron hoy para que, mediante una medida cautelar, frente la sangría de fondos y declare inconstitucional la ley que sancionó el Congreso mediante la cual se le bajó el porcentaje que recibe de coparticipación federal de 3,5% a 1,4%.
Según fuentes oficiales, en el larretismo prefirieron no hacer público, esta vez, el recurso ya que “por la trascendencia seguramente la Corte le dará carácter reservado”. El expediente CSJ 1865/2020 tiene como impulsor al Gobierno de la Ciudad bajo la firma del Procurador, Gabriel Astarloa, y la abogada María Cristina Cuello, y tiene como demandado al “Estado nacional”. En la carátula se presenta “Acción declarativa de inconstitucionalidad”.
En rigor, esta nueva presentación es similar a la que ya presentara en octubre cuando, mediante un decreto, el presidente Alberto Fernández le bajó de 3,5% a 2,32% en medio del conflicto con la Bonaerense de parte de la Provincia. Esta nueva presentación es más larga y aporta más documentos y datos históricos sobre el federalismo y el reparto de fondos para fundamentar la presunta inconstitucionalidad de la norma que tuvo un trámite exprés en Diputados impulsada por Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos.
Esta ley, sancionada hace dos semanas, se estipula un 1,4% de fondos automáticos de coparticipación y un monto fijo de $24.500 millones para sostener la Policía de la Ciudad. Además crea una comisión que en 60 días debe analizar cuánto sale la seguridad porteña. En el Gobierno porteño ya hicieron ese cálculo: es más del doble. “Sólo cubriría el 27,9% de la partida total en el Presupuesto y apenas el 40% del gasto en Personal proyectado”, destacaron fuentes policiales a PERFIL. Es más, según cálculos oficiales, de no mediar un fallo del máximo Tribunal para el 2021 la Ciudad tendrá una pérdida de $ 65.083.500.000. Casi un 20% de recorte sobre el total de fondos disponibles en 2021.
En ese marco, desde octubre, de manera sigilosa, las espadas jurídicas del jefe de gobierno vienen dialogando, de manera informal, con cuatro de los cinco magistrados. Las primeras señales estaban acorde a los deseos de Larreta pero la sanción de una ley obligó a otra presentación por parte de la Ciudad. Sin embargo, la ofensiva de Cristina Kirchner contra la Corte volvió a darle esperanza al jefe comunal. La unidad de la Corte, además, hizo más sencilla la interlocución. Por eso, los optimistas creen que en febrero o marzo podría haber una definición favorable para el PRO.
Por ello, optó esta vez por no manifestarse públicamente ni hacer pública la nueva presentación con la esperanza de que los jueces del máximo Tribunal avalen la medida cautelar y frenen la quita de fondos. “Aunque sea que pidan informes a Nación y a Ciudad y que armen una mesa técnica para dirimir cuánto es el monto que corresponde por el traspaso de la función seguridad”, razonan en Uspallata, sede del Gobierno porteño. Los menos optimistas recuerdan que la Corte no tiene tiempos para fallar y que, cuando lo hace en temas de coparticipación, puede tardar no menos de tres años y hasta ocho años, como en el caso de la demandas de Santa Fe, Córdoba y La Pampa, entre otros, por fondos del Anses.
Demanda
“Ante este nuevo atropello a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ocasionado por la Ley sancionada por el Congreso el 10 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad ha resuelto iniciar una nueva acción judicial para plantear la inconstitucionalidad, tal como se hizo con el decreto 735/2020, cuyo amparo se encuentra en trámite en la Corte Suprema de Justicia”, informaron en Uspallata.
“La Ley vulnera principios y garantías constitucionales, en abierta violación al federalismo de concertación que debe primar las relaciones entre el Estado Nacional, las Provincias y la CABA. Y atenta contra la autonomía de la Ciudad y deja de lado de manera unilateral acuerdos preexistentes, que estaban consolidados y se estaban ejecutando”, analizan los técnicos en la presentación de hoy. “Para evidenciar la magnitud del despojo se debe señalar que desde que se produjo la primera reducción como consecuencia del Decreto 735/2020 de fecha 10-9-2020, claro antecedente de la ley ahora cuestionada, la Ciudad de Buenos Aires ha dejado de percibir en concepto de coparticipación hasta el 10 de diciembre la suma de $11.010.634.519”, resumieron en la Ciudad.
ES/MC
