El Gobierno debilita a las organizaciones sociales con un recorte de $ 700 millones

Fusionar y concentrar para debilitar. Esa parece ser la premisa que decidió seguir el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con la reciente unificación de tres programas sociales, que involucran a unos 260 mil beneficiarios. La cartera que comanda Carolina Stanley fusionó los programas Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Desde el Barrio en una única opción bautizada como Hacemos Futuro.
En lo práctico, la nueva alternativa mantiene el pago mensual de 4.400 pesos a los beneficiarios de sectores vulnerables, pero en lo político apunta a desarmar el esquema de cooperativas diagramado durante el kirchnerismo que dio poder a las organizaciones y las fortaleció como actores de relevancia que, en muchos casos, lograron dar contención en momentos de crisis.
El objetivo central ahora es la culminación del ciclo educativo, es decir, que los beneficiarios finalicen sus estudios porque, según aducen desde el Ministerio de Desarrollo, “el 60% de quienes tienen planes sociales no terminó el secundario”. El programa apunta además a la capacitación en oficios.
“Es volver para atrás, ahora sí son planes sociales reales”, cuestionó en diálogo con PERFIL la diputada nacional de Unidad Ciudadana Mónica Macha, que el martes pasado recibió en el Congreso a representantes de la CTA, de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y del Frente Nacional Milagro Sala, que les llevaron su preocupación por los recortes. Desde este sector advierten que la meta es “desarmar las cooperativas” y lograr un “vínculo 1 a 1 con el ministerio, sin intermediarios”.
En el instructivo de Desarrollo Social sobre los cambios en los planes se aclara que no habrá modificaciones en las asignaciones y remarca que “nadie puede obligarte a concurrir a actos y movilizaciones”, como un intento de desactivar a los “punteros”, populares intermediarios entre la gente de los barrios y los funcionarios gubernamentales en sus distintos estratos.
El recorte, que alcanzaría unos 700 millones de pesos, se da principalmente a través de la suspensión del otorgamiento de materiales a las cooperativas para avanzar en proyectos de construcción de viviendas, aunque desde el ministerio buscan marcar que no hay ahorro por el lado del incentivo individual.
Gildo Onorato, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), aclaró a este diario que “bajo ningún punto de vista estamos en desacuerdo con fomentar la terminalidad” educativa, pero sí rechazó el recorte al rol de las cooperativas. “Si el Gobierno cree que esa es la solución, se gana un problema en el mediano plazo”, alertó Onorato, que defendió la labor al marcar que “somos un canal de representación institucional que puede frenar los desbordes en situaciones de crisis”.
Además de incentivar la finalización de los estudios primarios y secundarios, el programa Haciendo Futuro también fomenta opciones de cursos ligados a herramientas digitales, oficios y formación técnico-profesional, aunque en muchos casos el nivel no permite alcanzar los estándares demandados por el mercado laboral formal. n