Las críticas de la oposición al proyecto oficial de Ley se Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) volvieron a centrarse en la composición de la autoridad de aplicación que se creará y el peso que el Poder Ejecutivo tendrá sobre el organismo que se supone será autárquico. Pero el debate puede quedar en la nada, si se tiene en cuenta la interpretación que realizan algunos especialistas sobre la redacción que aprobó Diputados: el artículo 32 afirma que la licitación de licencias para operar en las ciudades más grandes quedará en manos del Ejecutivo y no de la autoridad de aplicación.
Cuando ingresó a Diputados, ese artículo era el 28 y afirmaba que todas las licencias serían adjudicadas por el Ente Autárquico Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante el régimen de concurso abierto y permanente.
Cuando salió aprobado con media sanción, agregó un párrafo que dice: “Las licencias para servicios de comunicaciñon audiovisual abiertas cuya área de servicio supere los 50 kilómetros y que se encuentren localizadas en poblaciones de más de 500 mil habitantes serán adjudicadas, previo concurso, por el Poder Ejecutivo nacional”.
Esto significa, en opinión de expertos como Henoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones en el gobierno de la Alianza, que en las ocho principales ciudades, los propietarios de los canales de televisión abierta serán digitados por el Poder Ejecutivo.
