Chats Lago Escondido | El Gobierno denunció por coimas e incumplimiento a 10 implicados
Fue presentada en la Fiscalía General de Bariloche por orden del presidente Alberto Fernández. Allí se pidió investigar el incumplimiento de los deberes de funcionario público, ofrecimiento y admisión de dádivas.
Alberto Fernández en París. |
Cedoc
El presidente Alberto Fernández ordenó que se denuncie a los implicados en el vuelo a Lago Escondido por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ofrecimiento y admisión de dádivas, donde están implicados jueces, un fiscal, empresarios y un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta.
La acusación penal fue presentada a la Fiscalía Federal de Bariloche por Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, luego de la instrucción del Jefe de Estado.
Paradójicamente se trata del órgano que está a cargo de forma interina de María Cándida Etchepare, quien aparece en los chats y se habría comunicado con el fiscal implicado para no investigar el viaje. La misma funcionaria mostró fotos del arribo a Bariloche de los involucrados luego de que se conocieran los hechos.
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Carlos "Coco" Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
Desde el Gobierno Nacional apuntaron a que se investigue el vuelo 26.917 de la empresa Flyzar y sobre todo, el financiamiento del mismo.
Por ello radicaron la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas contra Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10; Carlos "Coco" Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2; Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9; Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Además, realizaron una acusación por ofrecimiento de dádivas contra Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE); y Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.
Marcelo D'Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad porteño.
Los detalles de la denuncia del Gobierno Nacional por Lago Escondido
De acuerdo al comunicado oficial que publicó la Portavoz de la Presidencia, los hechos sucedieron en la semana del 13 de octubre. Allí los denunciados realizaron un viaje en un avión privado que partió desde San Fernando hasta Bariloche.
"Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas. Según la información que tomó estado público, una vez concluido el vuelo, la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido", reza el detalle que dejó trascender el Gobierno Nacional.
Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10.
Además, indicaron que si se corroboran el traslado, alojamiento y otras actividades de los denunciados solventado por privados "estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
La denuncia agrega además que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.
Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otro lado, se especificó que entre otras medidas de pruebas se solicitan los celulares de los implicados.
Finalmente, se explicita que el escrito tiene como finalidad preservar la independencia del Poder Judicial y cuestiona que “se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse".
