Con el supuesto objetivo de “resguardar la integridad de los periodistas”, el Ministerio de Seguridad anunció que durante la movilización contra la reforma laboral la prensa deberá ubicarse en una “zona exclusiva” en Hipólito Yrigoyen al 1700 (lado par). A través de un comunicado difundido en redes sociales, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva advirtió que la cobertura en eventuales focos de conflicto podría implicar una “autopuesta en peligro”, un eufemismo para responsabilizar a la prensa por las eventuales agresiones o hechos de violencia que pudieran producirse durante el operativo.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) rechazaron el anuncio y advirtieron que las medidas implican un límite al ejercicio de la libertad de expresión. La pregunta es clara: ¿de qué forma se puede cubrir lo que sucede en una manifestación si los periodistas no pueden estar en el lugar de los acontecimientos?
El miércoles 11, cuando el Senado debatió el proyecto oficialista, las fuerzas de seguridad desarticularon la marcha que se había convocado. Las autoridades justificaron el accionar policial y señalaron la presencia de grupos violentos que tiraron bombas molotov y piedras. Hubo heridos con balas de goma, gases lacrimógenos y detenidos. A pesar de que a las 17 la Plaza de los Dos Congresos ya había sido vaciada, el operativo se extendió hasta pasadas las 20. Frente a la posibilidad de que esta semana vuelvan a producirse movilizaciones, Monteoliva incluyó en el nuevo comunicado una advertencia que fue interpretada como una amenaza: “Ante hechos de violencia, nuestras fuerzas actuarán”.
Represión en el Congreso: ¿infiltrados, inorgánicos violentos o zona liberada por la Policía?
El comunicado del Ministerio de Seguridad se emitió en la previa al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y se extiende para los días 18, 19 y 20 de febrero. Las autoridades hablaron de “reducir situaciones de riesgo”. Sin embargo, evitar la presencia de la prensa también implica que no haya cámaras ni testigos ante un eventual avance represivo.
Las cámaras, solo en zona restringida: el rechazo al comunicado del Ministerio de Seguridad
“Cuando fue la represión del 12 de marzo que hirió a Pablo Grillo se pudo saber que la responsabilidad material era del gendarme (Héctor) Guerrero gracias a las cámaras de televisión, a los reporteros gráficos y a los manifestantes que pudieron registrar lo que pasó con sus celulares. La reconstrucción la pudimos hacer con los compañeros del Mapa de la Policía y se sentó a Guerrero en el banquillo a pesar de que Patricia Bullrich intentó inculpar al propio Grillo”, aseguró a PERFIL Agustín Lecchi, secretario general de SIPREBA.
Desde la organización sindical emitieron un comunicado para responder a las nuevas medidas anunciadas por Monteoliva. “El ministerio establece condiciones para las y los trabajadores de prensa incompatibles con las convenciones de derechos humanos, como la de estacionar los móviles en una zona definida o evitar posicionarse entre quienes se manifiestan y las fuerzas de seguridad bajo amenaza de que ubicarse allí implica una ‘autopuesta en peligro’”, advirtió SIPREBA. Y agregó: “El gobierno traslada la obligación estatal de protección de la protesta a quienes trabajamos en su registro y cobertura”.
ACERA se expresó en un sentido similar. La organización que nuclea a corresponsales extranjeros advirtió que el anuncio de Seguridad no solo obstaculiza el ejercicio del derecho a buscar y difundir información, “sino que también vulnera el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna”.
Además, se subrayó que en contextos de alta conflictividad social, “corresponde al Estado garantizar el máximo nivel de protección a los periodistas y trabajadores de prensa”. Se trata de un principio internacional expresado, por ejemplo, en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) y en la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión.
Según ACERA, las nuevas disposiciones “generan un efecto intimidatorio sobre la labor periodística”. Lecchi, por su parte, recordó que la Justicia le dio lugar al amparo interpuesto contra el protocolo antipiquete de Bullrich y aseguró: “Ahora el Gobierno vuelve a incurrir en estas prácticas pero de una forma más grave y burda al anticipar que van a reprimir particularmente a la prensa y, además, a responsabilizar a quienes estamos trabajando si nos pasa algo”.
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