Este jueves 15 de septiembre el Gobierno publicó un decreto en el Boletín Oficial que posibilita la toma de acciones judiciales con el fin de declarar como nulas las prórrogas de las concesiones de la autopista Panamericana y Acceso Oeste. La primera de ellas se encuentra bajo la concesión de Autopistas del Sol (Ausol), mientras que la segunda está concesionada por el Grupo Concesionario del Oeste (GCO).
Se trata del decreto 633/2022, el cual lleva la firma del presidente Alberto Fernández, y manifestó que los decretos a través de lo que se aprobaron "los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión de Acceso Norte y el Acceso Oeste a la Ciudad de Buenos Aires", en 2018, son "lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad".
En este sentido, el artículo N°2 le indicó a la Dirección Nacional de Vialidad "interponer la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de los actos citados".
Según anticipó este miércoles Fernández junto a Gabriel Katopodis, el objetivo que persiguen es evitar aumentos en las tarifas de los peajes. "A nuestro juicio, son contratos absolutamente distorsivos, que generaron daño económico al Estado nacional y a los usuarios. La acción la va a ejercer ante la Justicia Contencioso Administrativa el Ministerio de Obras Públicas", sostuvo el mandatario.
"Verificamos que los contratos fueron desventajosos para los usuarios de las autopistas y causaron una lesión enorme al Estado. (...) Si hubiéramos permitido que se aplicara el contrato, un usuario actual de Autopista del Sol que paga cerca de 100 pesos estaría pagando 1.800 pesos. Eso es lo que hubiera pasado", enfatizó el Presidente.
El Gobierno argumentó que "de ningún modo puede tolerarse la subsistencia de un acto irregular, máxime cuando este genera a favor de un particular un derecho subjetivo en violación al orden público administrativo, que se traduce en un perjuicio económico para el Estado Nacional y para los usuarios".
Al respecto, desde la gestión de Alberto Fernández entienden que la administración anterior validó una "presunta deuda" del Estado correspondiente a US$540 millones con Autopistas del Sol y US$272 millones con Grupo Concesionario del Oeste.
De esta forma, en el marco de una renegociación, Vialidad extendió la concesión de 2020 hasta 2030, plazo que le permitiría a Autopistas del Sol recuperar las inversiones no realizadas y amortizadas, al mismo tiempo que se comprometían a realizar obras por $7.300 millones.
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