El Gobierno pide la indagatoria de Ernestina Herrera de Noble y Mitre por Papel Prensa

La secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió hoy al juez federal Julián Ercolini que cite a declaración indagatoria a los empresarios periodísticos Ernestina Herrera de Noble, de "Clarín", y Bartolomé Mitre, de "La Nación", más otras ocho personas, por el caso Papel Prensa.

Como querellante en la causa, la secretaría que dirige Eduardo Luis Duhalde añadió a la lista de indagables al ex dictador Jorge Rafael Videla y su ministro José Alfredo Martínez de Hoz; Raymundo Juan Pío Podestá; Héctor Magnetto; Sergio José Peralta Ramos; Marcos Peralta Ramos; Hugo Fernando Peralta Ramos y Reinaldo Gregorio Bandini.

A todos ellos, la secretaría pretende que se les imputen supuestos "delitos de lesa humanidad" porque según su criterio "se apropiaron ilegalmente de la empresa 'Papel Prensa', utilizando amenazas y métodos extorsivos contra sus accionistas para forzarlos a ceder sus acciones" en 1976 y 1977.

La presidenta Cristina Fernández anunció el 24 de agosto del año pasado que con el voluminoso Informe elaborado por el gobierno nacional sobre la situación del cambio de manos de Papel Prensa se iban a hacer las presentaciones judiciales.
"Con estos expedientes el señor Procurador del Tesoro y el señor secretario de Derechos Humanos harán las presentaciones en los estrados que correspondan para juzgar, porque creo en la división de poderes" y porque "solamente los jueces de la Nación y de la República pueden condenar", afirmó la Presidenta durante un acto en la Casa Rosada.

Para la oficina dependiente del ministerio de Justicia que pidió ahora las indagatorias se trató de "un proceso que continuó con la detención ilegal de los accionistas y personas vinculadas con ellos, el sometimiento a torturas de los secuestrados que, en el caso del Dr. Jorge Rubinstein, le ocasionaron la muerte" Y todo eso prosiguió, según la dependencia, "con la formación de un Consejo de Guerra en su contra, la interdicción de sus bienes y la privación de sus derechos civiles y políticos, al incluirlos en las llamadas 'Actas de Responsabilidad Institucional'".

Para la Secretaría "los propietarios de los diarios "Clarín", "La Nación" y "La Razón" sostuvieron las posiciones de la Junta Militar genocida y sus funcionarios civiles, incluso desde antes del asalto a las instituciones producido el 24 de marzo de 1976".

Después del golpe, indicó, "apoyaron las acciones del Estado Terrorista y, asociados ilícitamente con el mismo, se apropiaron ilegalmente de la empresa "Papel Prensa"" y con su puesta en marcha "sometieron al resto de los medios gráficos del país a través de la fijación del precio del insumo".

La presentación sostuvo que "los elementos ya acompañados a la causa, que motivaron que tanto la Fiscalía Federal de La Plata, como el Juez Corazza, luego el Juez Rafecas y últimamente la Sala I de la Cámara Federal porteña coincidieran en el carácter de crímenes de lesa humanidad que corresponde a los hechos denunciados, cometidos en el marco del plan sistemático de la dictadura cívico militar de 1976/1983, hacen necesario el llamado a indagatoria".

Además, la secretaría sostuvo que "de los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, relativos al "Caso Graiver", surge que "La Nación" y "Clarín" se habían beneficiado fácilmente de la venta de la planta de papel de Graiver, "Papel Prensa", a precios extraordinarios".

En esos documentos, según la dependencia, "se hace expresa mención al temor de los propietarios de pequeños y medianos medios de comunicación, debido a la decisión del gobierno de incrementar el impuesto al papel importado de 10% a 45%, lo que los forzaría a comprar el papel de muy superior costo y de menor calidad a la única empresa fabricante de papel de la Argentina, "Papel Prensa".
Y, siempre según el escrito, "los propietarios de otros medios temían que los costos adicionales del papel los harían caer, y también apuntaban el potencial de ataques manipulativos a la libertad de prensa si todos los periódicos eran forzados a confiar en una fuente monopólica para el papel".

También destacó la Secretaría que "el resto de los archivos" de los EE.UU. mencionaron "la situación planteada con los integrantes del llamado 'Grupo Graiver' y del periodista Jacobo Timerman, haciendo especial hincapié en el marcado antisemitismo que se desprendía de las acciones emprendidas contra los mencionados".

Fuente: DYN