Poco antes de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad del DNU del presidente Alberto Fernández que suspendió temporalmente las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como parte de las medidas sanitarias tendientes a bajar la curva de contagios de coronavirus y descomprimir la tensión del sistema de salud, que se presentó favorable a la Ciudad de Buenos Aires, una recorrida de PERFIL por algunos de los principales despachos del Gobierno porteño permitió conocer de primera mano algunas de las reacciones en relación a la decisión de la Corte Suprema. En este sentido, la opinión –en estricto off– fue coincidente. Bajarle el tono al resultado del fallo del máximo tribunal.
“Si bien la Ciudad ve con buenos ojos el fallo de la Corte, la idea no es salir a confrontar, ni presentarse como triunfadores de la controversia. En este contexto de pandemia, la idea es seguir dialogando y trabajando junto al Gobierno nacional”, señalaron desde la sede gubernamental de Parque Patricios.
La Corte dio a conocer su resolución con los votos favorables de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, quienes avalaron la autonomía porteña para decidir en materia educativa. Mientras que Elena Highton de Nolasco se abstuvo. Pero además de la autonomía de la ciudad, la resolución también dejó en claro que “no se puede restringir el derecho a la educación”.
En tanto, el fiscal federal Ramiro González pidió desestimar este martes todas las denuncias presentadas contra el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por presunta violación a medidas para contener la pandemia de coronavirus a raíz de su decisión de mantener las clases presenciales. Según su resolución, "en legal tiempo y forma vengo a solicitar la desestimación de las presentes actuaciones", pidió el fiscal en un dictamen entregado a la jueza federal María Servini, quien también tendrá que resolver al respecto. González solicitó a la jueza que, "de compartir el criterio aquí expuesto, se desestime la presente denuncia" porque "no se advierte ningún hecho con relevancia penal que permita a esta parte promover la acción para poder así empezar con una investigación criminal".
