El macrismo busca recuperar la iniciativa tras una sucesión de marchas, paros y protestas en su contra. En las últimas 48 horas, el Gobierno desplegó un intento de respuesta articulada. Hubo reuniones de mesa chica y rondas de entrevistas para mostrar preocupación por el deterioro social. Más una decisión extra, horas después de que la UCA confirmara que existe un millón y medio de nuevos pobres: Mauricio Macri reglamentó una ley que habilita $ 30 mil millones para distribuir entre los trabajadores informales. En adelante, el Ministerio de Desarrollo Social y las organizaciones negociarán (y discutirán) el detalle del reparto.
Si bien desde el Gobierno niegan que haya sido en respuesta al informe de la UCA, la reglamentación por decreto se concretó unas horas después de la difusión del estudio. Las organizaciones sociales (la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa) reclamaban desde hacía meses la aplicación de Ley de Emergencia Social, sancionada en diciembre. Regirá hasta el 31 de diciembre de 2019 e implica que el Estado repartirá $ 30 mil millones a los trabajadores de la economía popular.
La ley, a su vez, crea la figura del salario social complementario, un plus para que los trabajadores informales alcancen los $ 8.060 del salario mínimo. La forma de otorgarlo (surgiría de los 30 mil millones) ya implicó un primer motivo de discordia entre los funcionarios de Desarrollo Social y los dirigentes piqueteros. El pago se podría hacer ampliando los planes existentes (como el Ellas Hacen o el Argentina Trabaja) o sin la necesidad de exigir capacitación o contraprestación alguna. Esa letra chica se definirá en el llamado Consejo de la Economía Popular, del que participan representantes del Ejecutivo y de las organizaciones sociales.
Ascendido recientemente a Secretario de la Economía Social, Matías Kelly comandará las próximas reuniones. El Ministerio de Desarrollo Social además encarará un Registro Nacional de la Economía Popular para tener datos más precisos sobre ese universo de mutualistas, cooperativistas, recicladores, vendedores ambulantes, feriantes, artesanos, agricultores familiares y demás cuentapropistas subempleados. Según calculan las orgas, hay más de 4 millones de personas en esa situación. De ser así, los 30 mil millones no estarían ni cerca de alcanzar. Al Gobierno, sin embargo, la reglamentación le sirvió para mostrar iniciativa en una semana difícil.
