El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández anunció esta tarde que el Gobierno interpuso una "acción de amparo contra la provincia de Corrientes" ante la Corte Suprema al acusar a la provincia de no informarle sobre del estado de la represa de Ayui Grande y reclamó la "paralización inmediata de cualquier obra" en los terrenos en los que tendrían intereses José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, y la firma Adecoagro S.A, del financista George Soros.
Durante una conferencia de prensa, Fernández argumentó la decisión del Ejecutivo como consecuencia del "daño ambiental irreversible" que provocaría la represa en las aguas del arrollo Ayui y en de los bosques aledaños al Río Uruguay. Pero la queja al máximo tribunal se efectuó, según dijo el funcionario, "porque la provincia de Corrientes no respondió a los tres requerimentos de la Nación sobre los estudios de impacto ambiental".
El jefe de Gabinete insistió en que la intención es la "garantizar el cumplimiento de los deberes" del Estatuto del Río Uruguay. Por eso, también solicitó una consulta a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), para que evalué los presuntos daños ambientales y dermine "si estamos en el marco del Estatuto binacional".
"Es que hay 77 mil hectáreas que pueden inundarse por el reservorio", insistió Aníbal F. sobre el recurso interpuesto a la Corte.
Al ser consultado si se trata de un nuevo ataque al Grupo Clarín, el jefe de Gabinete respondió con su estilo. "Si le digo que sí es por chusmerío. No lo conozco el tema, pero creo que hay un directivo de Clarín involucrado", señaló.
Luego un periodista le recordó la visita, esta semana, del gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, que habría aprobado las obras. A lo que el jefe de Gabinete contestó: "Yo no hago conjeturas. El mandatario provincial obvió toda la información que debe conocer el gobierno federal".
