Jaime fue detenido el 2 de abril de este año en la provincia de Córdoba, después de que el juez Julián Ercolini dictara la prisión preventiva. El cordobés tiene tres condenas en su contra, unificadas en seis años de prisión, por destrucción de pruebas en un allanamiento donde se investigaba su patrimonio, por recibir dádivas de empresarios a los que debía controlar y por su responsabilidad en la tragedia de Once.
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En la resolución de 218 páginas, Casanello expresa que "el delito se configura por la acción de haberse enriquecido apreciablemente y sin resultar objetivamente justificado" y agrega que el tiempo que se sospecha es desde que comienza a ejercer funciones públicas hasta dos años después de abandonar las mismas.
A su vez, el juez informa que el resto de los acusados se presentan como personas "interpuestas" en el enriquecimiento ilícito; es decir, quienes simulan ser el protagonista de los negocios y que en verdad son realizados por el funcionario en cuestión. La conclusión de Casanello es que el verdadero dueño de los bienes, a pesar de haber usado distintos testaferros "no era otro que Ricardo Jaime, quien tenía la capacidad económica real e ilícita pero no tenía la posibilidad de figurar como verdadero dueño debido al carácter espurio su enriquecimiento", según el comunicado de Casanello que emitió el Centro de Información Judicial
