Finalizado el debate que comenzó al mediodía, el oficialismo aprobó la ley de blanqueo de capitales no declarados que llegó con media sanción del Senado, con 130 votos a favor, 107 votos en contra.
La ley autoriza al Ministerio de Economía a emitir el llamado "Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE)" y "el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico", en valor dólar, destinados "exclusivamente, a la financiación de proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos".
Además, habilita al Banco Central a poner en circulación el "Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN)", en dólares y endosable, "como un medio para la cancelación de obligaciones" en la referida moneda extranjera.
Durante la extensa jornada, los opositores lanzaron duras afirmaciones sobre el proyecto. "Esta iniciativa reconoce el fracaso del modelo económico y el fracaso total de la política energética kirchnerista", espetó el diputado por el peronismo disidente Eduardo Amadeo.
A su turno, el radical Miguel Giubergia, recordó que es la "segunda vez" que durante el gobierno K se trata "un proyecto de blanqueo de capitales" y dijo que el propuesto "es un chiste de mal gusto, para los argentinos que cumplimos y respetamos la ley".
El diputado agregó que la norma "penaliza" a quien "paga regularmente sus impuestos, ya que se eliminaron los regímenes de facilidades de pago, con el único objeto de maximizar la recaudación mensual antes de las elecciones, con la clara intención de hacer caja para comprar voluntades en los diferentes distritos del país".
El portavoz del oficialismo fue el presidente de la comisión de Presupuesto, Roberto Feletti al asegurar que el objetivo de la medida es "lograr un shock de inversión" en el sector energético, la construcción y el inmobiliario, y le reclamó a la oposición que, en vez de criticar, diga "cómo piensa financiar al país".
Al rechazar las críticas al blanqueo, el kirchnerista apuntó que "en ningún momento suspende las normas sobre lavado de dinero" y explicó que "el único beneficio que se otorga" a quienes "exterioricen" capitales es la "exención impositiva", pero aclaró que una vez que los fondos ingresan al "circuito bancario formal, las instituciones financieras de Argentina tienen la obligación de aplicar íntegramente la normativa de lavado de dinero".
Por su parte, la socialista Alicia Ciciliani aseguró que su sector no quiere "una devaluación brusca que perjudique la producción y el empleo", como se los acusa desde el oficialismo, pero instó a frenar "el avance de la economía del delito con una política del Estado como políticas públicas y estrategia global de la región".
El cívico Alfonso Prat Gay, en tanto, reseñó que "el Gobierno dispuso otro blanqueo cinco años atrás con pobres resultados y el que propone ahora no lo puede defender el oficialismo en forma sólida porque este es el primer blanqueo en el que se discrimina a la moneda local y le da privilegios al que tiene dólares en negro", por eso lo consideró "una inmoralidad" que, a su entender, "no va a tener ningún efecto en la economía".
Otro de los interlocutores fue el macrista Federico Pinedo. El diputado señaló que el Gobierno abre el blanqueo porque "se ha producido una caída en las reservas del Banco Central y estos dólares de delincuentes y evasores le va a servir para diluir esta caída", pero alertó que "endeudarse con delincuentes lo único que va a hacer es agregarle a la Argentina ser un país en el que es posible ser financiado por la delincuencia" mientras persisten los errores "que no se corrigen".
Para el peronista disidente Felipe Solá, "un blanqueo es un blanqueo, le pongan el título que le quieran poner" y dijo que en realidad significa "una aflojada absolutamente ética" del gobierno y que contradice "al meneado tema del peso en la Argentina".
