Los negocios paralelos y el nexo oficial con la “diplomacia informal” registrada en las escuchas. A esos dos objetivos parece apuntar el fiscal Gerardo Pollicita. Son los puntos que serían más endebles en la denuncia original, según admiten incluso algunos de los más fervientes defensores de Alberto Nisman.
Por un lado, incluye a Julio De Vido, ex ministro que tuvo bajo su dependencia los negocios petroleros que –esperaban los dirigentes registrados en las escuchas y denunciados por Nisman– podrían haber prosperado con Irán. Por el otro, extiende las pesquisas hacia los dos funcionarios más cercanos a la ex presidenta Cristina Kirchner, Carlos Zannini y Oscar Parrilli.
El propio Nisman había indicado en su presentación que la investigación deberá también determinar “el rol exacto que le cupo a ciertos individuos” como el ex ministro de Planificación. Entre las escuchas, hay conversaciones de mayo del 2013 en las que Luis D’Elía, Fernando Esteche y el dirigente comunitario Yusuf Khalil –presunto embajador informal de Irán– hablan sobre el apoyo de De Vido a un plan para comerciar “estado a estado” o “empresa a empresa”, petróleo iraní a cambio de carnes y granos argentinos.
Se habla incluso de un posible viaje del ex presidente de YPF, Miguel Galuccio, y de una cita bilateral a realizarse en el Líbano o Caracas. En otros tramos de las escuchas, detectados por PERFIL, los tres mencionan posibles “meganegocios” petroleros de los que podrían participar ellos mismos, a través de intermediarios del operador kirchnerista Roberto Porcaro.
La inclusión de Zannini y Parrilli apunta a verificar si existió un nexo entre los dirigentes que operaron informalmente y Presidencia. En varias escuchas D’Elía habla de sus contactos con el poder. A Parrilli lo menciona como la persona que le informó que se había concretado el tratado con Irán, en 2012. Khalil también acusa tener contactos con el secretario, cuando le dice a D’Elía que la instrucción era que se mantuviera callado ante las repercusiones de la firma del Memorándum.
Colegas del fiscal fallecido, entre los que se cuentan algunos de sus más fervientes defensores, admitieron que su relato presentaba algunas lagunas que las pesquisas subsiguientes deberían subsanar. Ese parece ser el objetivo detrás de los requerimientos propuestos por el fiscal, que deberán ser refrendados por el juez federal Sergio Torres, y la imputación de ex funcionarios no incluidos en la denuncia original.
Sin embargo, Pollicita parece ir más allá de lo que investigó Nisman y de lo que surge de las escuchas. Solicita al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, información sobre los teléfonos a disposición de Parrilli cuando dirigía la central de inteligencia. El funcionario había asumido en ese cargo –cuando aún se llamaba Secretaría de Inteligencia– un mes antes de que Nisman diera a conocer su denuncia. Pero nunca había sido contemplado en ese rol en la presentación o las escuchas en las que se basó la misma.
Las medidas de Pollicita también apuntan a encontrar un eslabón que faltaba en el argumento de Nisman. La unión entre la diplomacia formal y los dirigentes espiados. Aunque Esteche, Khalil y D’Elía se arrogan la idea original, no hay pruebas de que ellos hayan intercambiado información con negociadores oficiales.
Con este fin, el fiscal pidió identificar y llamar a declarar a los funcionarios de las representaciones argentinas en Irán, Israel, Siria, Suiza, Francia, Etiopía, Estados Unidos y Venezuela, entre 2011 y 2015. También puso el ojo sobre la Procuradora Angelina Abbona, quien participó de la redacción del acuerdo y, luego, de la defensa oficial ante la denuncia de Nisman.
