La senadora del oficialismo, Adriana Bortolozzi, promete abrir un nuevo frente de batalla en el Congreso: un proyecto de ley de su autoria buscará que el Estado deje de financiar a la Iglesia Católica. La iniciativa, que viene desde el año 2006, sugiere modificar el status jurídico de la Iglesia y eliminar su caracter de público.
Así se lo anticipó al sitio El Parlamentario: “El problema es que como los católicos no ponemos nada de nuestro bolsillo, no nos comprometemos con nuestra religión. Pienso que eso deberíamos revertirlo. De a poco, los fieles deberíamos aportar más a la Iglesia y lograr la separación de la Iglesia y el Estado, por el bien de todos”, dijo Bertolozzi.
La formoseña, que se define católica, explicó a ese portal que “la Iglesia Católica y las demás entidades religiosas reconocidas, las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y obtengan autorización para funcionar”.
Fueron en vano los intentos de este sitio por localizar a Bortolozzi en Buenos Aires y Formosa. Desde el Arzobispado de Buenos Aires se informó a Perfil.com que aún no hay una manifestación pública por parte del clero sobre este proyecto. La relación del kirchnerismo con la Iglesia transitó caminos sinuosos. La polémica más espinosa del 2005 involucró al entonces ministro de Salud, Ginés González García, y al Obispo castrense, Antonio Baseotto que, sin pelos en la lengua, sugirió -parafraseando el Evangelio- tirar al funcionario con una piedra al mar. La decisión de Kirchner despertó una rápida reacción en el Vaticano, que inmediato pidió explicaciones por el desplazamiento del religioso.
En el mismo año, el ex presidente disparó contra un comunicado oficial del Episcopado al decir que "algunas de las afirmaciones de la Iglesia se parecen a las de un partido político" y apuntó contra los "obispos que no estaban cuando desaparecían chicos" argentinos y "confesaban a torturadores".
En su proyecto actual, Bortolozzi recoge el guante para emprender contra los intereses de la institución: “Ante la situación de indefinición normativa respecto de la cuestión cuya modificación se pretende y para prevenir situaciones injustas motivadas en la incertidumbre legal y el arbitrio jurisdiccional, es nuestra responsabilidad establecer clara e inequívocamente en un texto legislativo como el que se propone (u otro con similar contenido), la solidaridad que le corresponde a las religiones, iglesias y congregaciones por los hechos ilícitos de sus ordenados, sacerdotes o pastores; la necesidad de coherencia de nuestro derecho y la conveniencia social de garantías de los justiciables, justifican plenamente la presente iniciativa parlamentaria”, justificó la legisladora a El Parlamentario.
