El procurador dictaminó a favor de los tres jueces removidos y la Corte define su futuro

La Corte Suprema ya trabaja en lo que será el fallo de fondo sobre el traslado de jueces durante el macrismo, que el oficialismo busca devolver a sus puestos de origen. El primer paso lo dieron este martes cuando hicieron lugar al per saltum presentado por los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Se trata de un recurso extraordinario que fue abierto por última vez en 2013. La excepcionalidad, insisten en el Palacio, no es necesariamente un indicio de lo que puede llegar a decidirse. Y, al igual que sucedió previo a la decisión de esta semana, en las últimas horas volvió a instalarse un fuerte hermetismo en el máximo tribunal.

Anoche, el procurador general, Eduardo Casal, presentó su dictamen favorable a la postura de Bruglia, Bertuzzi y Castelli de avalar los traslados que se habían firmado durante el macrismo. Así, los jueces supremos ya quedan habilitados para trabajar en la cuestión de fondo y fallar cuando lo dispongan. Fuentes del tribunal anticipan que sería en un plazo de 15 a 20 días, máximo.

La mayor atención está puesta en qué harán Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, que trabajaron en un voto conjunto en las últimas semanas, en vistas a decidir sobre el per saltum. Son los mismos tres que en marzo de 2018 firmaron las acordadas 4 y 7, que se refieren a los traslados de magistrados. En ambas reside parte de lo que puede venir. “Era obvio que iban a trabajar en un voto conjunto y se vuelve a inferir que volverán a trabajar en nuevo un voto conjunto para el fallo”, explicaron fuentes del Palacio. A ese voto muchos especulan que podría sumarse Elena Highton. Por su parte, Carlos Rosenkrantz, presidente del máximo tribunal, ya dejó en claro su posición el martes.

De momento, el resultado de lo que puede llegar a suceder es incierto. “Nadie vio venir lo que iba a pasar, porque todos hablaban de lo político y no de los hechos”, describió una alta fuente del máximo tribunal.

Esas lecturas llevaron incluso al oficialismo a sorprenderse con la novedad. De hecho, explican, mientras puertas afuera se conocía la convocatoria de Rosenkrantz a tratar el tema, ya había un consenso tácito, por fuera de ella por parte de los otros tres jueces sobre la necesidad de tratar el caso. Evocan, para ejemplificar, que se dio una situación similar a la de septiembre de 2018, cuando se removió a Lorenzetti de la presidencia. “No fue de un día para el otro. Se venía hablando. Pasaron cosas acá también”, esgrimió una fuente.

Cuando se habla de las acordadas de marzo de 2018, en la Corte coinciden que puertas afuera del Palacio, a uno y otro lado de la grieta, se analizaron para los respectivos intereses. “Está bien, son cosas del derecho, es una cuestión de interpretaciones”, resumió una fuente que coincide en que en ese afán se perdió el análisis completo de la misma.

Mientras el resultado aún no está escrito, hay algo que coinciden en ver en la Corte: el uso discrecional de los traslados por parte de los distintos gobiernos. Para eso ya hubo un límite de la Justicia en esas mismas acordadas. Todo está en análisis y lo que viene ya está en proceso.

Pedido de juicio político con polémica

Durante la tarde de ayer se conoció que el kirchnerismo presentó un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz. A través de su cuenta de Twitter, la diputada del Frente de Todos (FdT) y miembro del Consejo de la Magistratura Vanesa Siley, dio a conocer el pedido, que lleva fecha del 25 de septiembre, poco después de que se conociera la convocatoria del magistrado a tratar el per saltum presentado por los jueces traslados.  

En el fondo de la avanzada del kirchnerismo contra Rosenkrantz, designado durante el macrismo y apuntado desde el oficialismo, se acumulan, entre otras, cuestiones vinculadas al trámite de causas de lesa humanidad.

Consultados por PERFIL, cerca de Rosenkrantz dejaron trascender que el magistrado estaba “tranquilo, concentrado en sus tareas y preparando fallos de impacto”.

Desde el Gobierno, en tanto, salieron a despegarse y negaron que el proyecto sea “en represalia” a lo resuelto por la Corte.

Dirigentes de la oposición salieron fuertemente a criticar la iniciativa, la que tildaron de “extorsión”.