POLITICA

El "recaudador de Cristina", a juicio oral por la mafia de los medicamentos

Irá al banquillo de los acusados junto a Juan José Zanola, exjefe de La Bancaria, y su esposa. Qué pasó con el marido de Diana Conti.

Capaccioli, Zanola y Aballay, los principales imputados.
| Cedoc

Héctor Capaccioli, recaudador de la campaña de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de 2007, irá a juicio oral junto a otros acusados en la causa por la llamada "mafia de los medicamentos".

El juez federal Norberto Oyarbide también envió al banquillo de los acusados a Juan José Zanola, extitular de La Bancaria; su esposa Paula Aballay, exdirectora del Policlínico Bancario; su número dos, Susana Fionna, y el mayorista farmacéutico Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier.

La investigación fue archivada para el imputado Enrique Dratman, esposo de la diputada nacional kirchnerista Diana Conti y supuesto intermediario en la cadena de comercialización de los medicamentos, informaron fuentes judiciales a la agencia DyN.

La Cámara Federal de Casación Penal aún debe resolver qué tribunal oral llevará adelante el juicio, pues hubo un conflicto de competencia entre los tribunales números 2, 3 y 5.

Zanola, Aballay y Fionna habían sido detenidos el 30 de noviembre de 2009 y estuvieron presos dos años hasta que el 15 de diciembre de 2011 fueron liberados por la Cámara Federal. Al sindicalista le impuso una fianza de 700 mil pesos.

Capaccioli -exsuperintendente de Servicios de Salud-, Zanola, Aballay y Fiona serán juzgados por asociación ilícita, adulteración de medicamentos, defraudación, fraude en perjuicio de la administración pública y comercialización de productos con marca registrada falsificada.

Por este caso también están acusados Ricardo Bruno, dueño de la droguería Arcasel y otras dos personas de su empresa. Además del ex comisario de la Policía Bonaerense y empresario farmacéutico José Luis Salerno, dueño de la droguería "Fharmaz Group" y ex socio de Damián Ferrón, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez. A todos se los acusa de haber comercializado desde el Policlínico Bancario medicamentos para el cáncer falsos o adulterados y de haber fraguado 68 troqueles de remedios para cobrárselos al Estado.