El Ministerio de Seguridad manejó una millonaria caja diseñada para apoyar a las policías provinciales y evitar anunciados desbordes por reclamos salariales y por falta de equipamiento. La llave de acceso a los fondos frescos era manejada por Arturo Puricelli, que el lunes pasado se vio obligado a presentar su renuncia como jefe de esa cartera y como consecuencia de una serie de irregularidades y denuncias judiciales. En el ministerio aseguran que parte de esos fondos se usó para el equipamiento de las policías provinciales, aunque el verdadero destino, a esta altura, es un gran misterio.
“Uno de los principales problemas fueron las diferencias salariales entre las fuerzas provinciales y federales. El dinero era para aplicar en los adicionales y así mejorar los haberes. Nunca llegó. Eso pasó en casi todas las provincias”, reconoció un ministro de Gobierno de una provincia afectada. Advertidos por los gobernadores sobre los posibles “acuartelamientos” en pleno año electoral, el Gobierno creó el Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad. Una canilla de poco más de 300 millones de pesos. El artículo 3º del decreto invitaba a las 24 provincias a participar del programa. En el Anexo I se describe una larga y variopinta lista de acciones. Pero el punto 5º fue el que más interesó a los mandatarios provinciales: Allí se señala la “asistencia en recursos económicos que supone la confección y puesta en marcha de una política integral en materia de seguridad”.
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La lapicera financiera la tenía Puricelli, pero el encargado de ejecutar el programa era el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Mauro Vega. “La caja política que manejaba Puricelli era la del Consejo de Seguridad, el verdadero objetivo de ese organismo quedó desdibujado y el resultado es el que estamos viendo”, observó una fuente del Ministerio de Seguridad que conoce bien los recovecos del edificio de la calle Gelly y Obes 2289. Vega llegó a Seguridad de la mano de Puricelli. Anteriormente ocupó el cargo de secretario de Planeamiento en Defensa. Al igual que el ahora ex ministro y su hijo, Alejandro Puricelli, Vega está imputados en la causa que investiga el juez federal Luis Rodríguez por el manejo de las licitaciones de la Campaña Antártica 2012-2013. El gobernador misionero, Maurice Closs, fue el primero en suscribirse al programa: había tenido una serie de acuartelamientos por reclamos salariales. Lo siguieron los demás mandatarios, incluidos los opositores. Menos José Manuel de la Sota.
