“Si me nombran juez me lo llevo”. Era 1994 cuando el menemismo nombró a Norberto Oyarbide como titular del juzgado federal número 5. Entonces era fiscal federal en la fiscalía número 1, con competencia electoral, y su empleado favorito era Carlos Rodoldo Leiva, dedicado a asuntos electorales, de 32 años.
Oyarbide cumplió la promesa. Pocos meses después de ser nombrado juez federal, incorporó a Leiva como su mano derecha y lo transformó en sus ojos y sombra. Cuando llegó el escándalo de Spartacus, la supuesta complicidad con prostíbulos y policías mafiosos, Oyarbide se tomó licencia y su juzgado quedó a cargo del entonces juez Gabriel Cavallo. Durante ese período, Leiva fue apartado de la secretaría durante dos años y medio. Era la uña de la carne y Cavallo lo mandó al freezer. Cuando el PJ salvó a Oyarbide del juicio político y el juez regresó, Leiva volvió a ser el número dos.
No son dos gotas de agua, aunque ambos son poco queridos entre sus pares. Leiva, a cargo de la secretaría número 9 del juzgado, es hermético, parco y de extremo bajo perfil. El juez es extrovertido y social. Oyarbide tiene el despacho más lujoso de entre los jueces federales. Leiva trabaja en una oficina austera, colapsada de cajas que se amontonan con la evidencia de las megacausas clave que maneja: mafia de los medicamentos, pasaportes falsos de jugadores de fútbol, Schoklender y los pases triangulados de jugadores de fútbol a través de la financiera Alhec. Cajas y cajas recolectadas por la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (Difoc) de la Policía Federal, a cargo de Fabio Ascona, de permanente diálogo con Leiva. Oyarbide tiene dos secretarías pero las causas sensibles que implican movimientos de dinero millonarios siempre recaen en la secretaría número 9.
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“Solamente respondemos al doctor Leiva y a Su Señoría exclusivamente”, alegaron los policías cuando pidieron 2,5 millones de pesos a un financista para desactivar un allanamiento ordenado por Leiva y el juez. PERFIL reveló ayer que a esta denuncia se suman historias similares contadas off the record por imputados de otras causas, que señalan al entorno del juez por supuesto pedidos de sobornos.
En los sucesivos gobiernos, el Registro Automotor siempre fue un botín político. Muchos de los registros se entregan a personas relacionadas con el poder político y son una caja preciada. La esposa de Leiva, Cecilia Diana Feldman, es una de las beneficiadas. Es funcionaria judicial pero está de licencia sin goce de sueldo. Hace tres años dejó su puesto en la fiscalía federal número 1, donde había conocido a su marido, y asumió como interventora del Registro Automotor número 99 de la Capital. Actualmente concursa para ser nombrada titular. Recaudaría alrededor de $ 300 mil mensuales, según fuentes oficiales. La mitad va al Estado.
Feldman también fundó una empresa en 2010, Play Pro SRL, para la “representación de deportistas de cualquier disciplina; la compra, venta, préstamo, ofrecimiento y negociación de sus derechos y vínculos contractuales con las diferentes entidades deportivas”, según el Boletín Oficial. El juez y su secretario serán investigados por el supuesto pedido de soborno. En la causa ya están imputados los miembros del equipo permanente de investigaciones de Oyarbide y Leiva. La Justicia ahondará en cada una de las causas de este trío (Oyarbide, Leiva y la Difoc) para determinar si hay irregularidades o patrones sospechosos, como adelantó ayer PERFIL. Este diario intentó reiteradas veces dialogar con Leiva, pero el secretario siempre dijo estar “ocupado”.
