La norma fue aprobada gracias al importante número de senadores que el oficialismo tiene en el Senado, ya que la oposición rechazó de manera unánime la medida.
Esta sería la cuarta prórroga de la vigencia de la original, sancionada por el gobierno de transición de Eduardo Duhalde en enero de 2002, y que debía durar hasta el 10 de diciembre de 2003, cuando asumiría el nuevo gobierno constitucional. La ley fue prorrogada ese año, en 2004 y en 2005.
La prórroga de las facultades para renegociar los acuerdos con las empresas de servicios públicos también permitirá extender el plazo de renegociación de 19 contratos con las empresas privatizadas, como ferrocarriles, transportadoras y suministradoras de gas, telefónicas y la concesionaria de los aeropuertos, entre otras.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Capitanich, remarcó que si bien es cierto que la Argentina "desde el 2002 ha conseguido una mejora", afirmó que "aún tenemos cerca de 15 millones de personas que no tienen gas, tres millones de hogares sin luz y 20 millones de habitantes sin cloacas".
"Si todas las acciones judiciales iniciadas en contra de la Argentina en tribunales internacionales coinciden en un mismo año calendario, pulverizarán el superávit fiscal", advirtió Capitanich.
El radical Gerardo Morales sostuvo que "la Argentina ha caído en la lógica de la emergencia permanente" que no tiene "nada que ver con la situación de hecho actual de avance en todos los aspectos comparados con el bienio 2001-2002".
Por su parte, la justicialista disidente Liliana Negre de Alonso sostuvo que la prórroga de la Emergencia Económica no limitará las acciones judiciales en contra de la Argentina, como las 41 causas por 7.500 millones de euros que se sustancia en un tribunal de Frankfurt.
El socialista Rubén Giustiniani opinó que a cuatro años de dictada por primera vez la Emergencia Económica, "y para un quinto año, esto fue dictado en el marco de una situación excepcionalísima que no tiene más sentido en este momento".
Por otra parte, el Senado convirtió en ley los proyectos que prorrogan hasta el 31 de diciembre del año próximo la aplicación o exención de varios impuestos claves para sostener la solvencia fiscal contemplada en el Presupuesto 2007. En el mismo debate, también se discutieron, y fueron convertidos en ley, el proyecto que beneficia a los trabajadores petroleros exceptuándolos del pago de ganancias en algunos rubros, y el que establece un fondo hídrico de infraestructura.
La prórroga impositiva abarca la suspensión de la exención establecida en la Ley del Impuesto a las Ganancias sobre las exportaciones correspondientes a reintegros o reembolsos acordados con el Poder Ejecutivo, en concepto de impuestos abonados en el mercado interno.
