El Servicio Penitenciario Bonaerense tiene bajo su órbita la administración de sesenta cárceles y su población es la más alta de la historia: supera los 34 mil presos. Su presupuesto fue de 6.763 millones de pesos, lo que representó un incremento del 57% en relación con 2013. Se aprobó en la gestión sciolista con la condición de que se incorporarían dos mil agentes y se construirían alcaidías.
El presupuesto del área fue similar al del Ministerio de Desarrollo Social. La cifra final indica que el Estado invirtió en cada preso 18.611 pesos anuales (1.500 mensuales) por todo concepto: salud, seguridad y educación. Sin embargo, el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria sobre el estado de las cárceles revela que el dinero fue muy mal administrado.
Inhabitable. Después de entrevistar a más de 15 mil presos y visitar los penales, el organismo que preside, entre otros, Adolfo Pérez Esquivel se encontró con que no hay una sola celda que cumpla “con los requerimientos básicos de habitabilidad en términos materiales”. A esto hay que sumar los hechos de violencia que se producen año a año, las muertes y las torturas dentro de los penales. La segunda gestión de Scioli dejó un saldo de 897 muertos. Entre 2013 y 2014 se registraron más de 12 mil episodios de violencia, entre los que se incluyen la agresión entre los presos, amenazas al personal, represión por parte de los agentes penitenciarios y los intentos de suicidio. Y hubo casi 5 mil hechos de tortura.
Falta de alimentos, dificultades para el acceso al agua potable y plagas de roedores e insectos son algunos de los problemas que padecen los internos en las prisiones bonaerenses. Las celdas “no sólo se caracterizan por sus pequeñas dimensiones sino por sus artefactos, que distan de ser higiénicos: tienen la letrina y una canilla para beber agua encima, posibilitando la contaminación”, explica el informe provincial de la Comisión.
“Las condiciones materiales se han deteriorado: cloacas desbordadas, celdas de cuatro metros que alojan de dos a tres jóvenes, escaso o nulo acceso a la educación y actividades en cuentagotas”, agrega.
Las peores. Entre las unidades más violentas están la de General Alvear, de donde se escaparon los condenados del triple crimen, y la de Sierra Chica. Muchos de esos episodios son provocados por los propios agentes penitenciarios. En un año se iniciaron 2.998 causas penales, en general por apremios ilegales y vejaciones. Una de las formas de tortura son los aislamientos por tiempo indeterminado, que en un año ascendieron a 951. La otra, los traslados constantes, por los cuales los presos pierden la noción de dónde están. Las condiciones de vida y el acceso a la salud son lo más denunciado por los presos cuando son visitados por el personal de la Comisión Provincial por la Memoria. La cantidad de presos aumentó, según el estudio, en paralelo con la política de saturación policial de las calles y de detenciones. Un pico similar hubo en 1999 con Carlos Ruckauf como ministro.
