”¡Soy extranj...!” Anil Baran, el ciudadano turco de 27 años que el Gobierno amenaza con deportar, no llegó a completar la frase cuando sintió el impacto en su pierna de los perdigones de goma policiales. Turco de origen, y economista de formación, hace casi tres años que vive en la Argentina, en Villa María, Córdoba.
Ayer, se encontró con PERFIL en la puerta de la embajada de su país en Buenos Aires. Contó que el miércoles, el día de los disturbios frente al Congreso, se había bajado en Constitución, proveniente de la casa de un amigo en La Plata y rumbo a la sede diplomática turca, en el barrio de Belgrano. Terminó imputado por “atentado y resistencia a la autoridad” y “lesiones leves”, según consta en el sistema policial.
Baran asegura que no participaba de la manifestación, que se encontró con la represión policial y que, al intentar evadirla por la calle Humberto Primo, se topó de frente con otros uniformados que lo redujeron. “Están armando un montaje para justificar la violencia que ellos mismos generaron”, protesta su esposa, Eliana, quien lo acompaña.
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Juntos, fueron ayer a la embajada turca, a completar el trámite del pedido de la partida de nacimiento y el de antecedentes penales que necesitaban para que Anil obtenga la ciudadanía argentina, papeles que ahora están pausados. En su poder, el turco hoy tiene un documento argentino que lo acredita como extranjero con residencia regular. “Me llegó hace poco más de un mes”, muestra Anil con orgullo.
En la charla que deriva en entrevista, ambos se turnan para responder. Eliana, indignada. Anil, más bien perplejo, con un español forzado. A ambos se los nota muy angustiados.
—¿Qué fue lo que más les sorprendió de las acusaciones que escucharon por parte del Gobierno y parte de la oposición?
—Eliana: Que lo incriminaran como un delincuente de una, sin que hubiera una causa iniciada. En esa conferencia, lo culparon y ya lo deportaban y decirlo así, públicamente, es criminalizarlo. No hay un retorno. Después de las cosas que dijeron de él, apareció cualquier tipo de información en los medios. El perjuicio que le están haciendo es gravísimo, a él y a todos los que lo queremos.
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—Hubo una versión que circuló que le atribuía ser parte de un movimiento activista contra el G20, que había ingresado por Bolivia...
—E: Ni siquiera está enterado del G20, creo que ni él ni yo sabemos la fecha. Sorprende la liviandad con la que hablan sabiendo el odio que generan con ese discurso, todo parte de un oportunismo muy inescrupuloso.
—Anil: Vivo acá hace casi tres años. Mucha gente me apoyó para cumplir con todo los trámites para hacer las cosas bien. Esto da mucha bronca, y mucha impotencia. Es totalmente injusto. Trabajaba en una fábrica de logística en Córdoba y me quedé afuera, hace un mes y medio cuando empezaron a parar los viajes.
—Se habló de un juicio abreviado y de tiempos que exceden los plazos legales. ¿Tienen miedo por la ofensiva legal?
—A: No nos notificaron de nada. Nadie habló con nosotros. Tampoco de Migraciones.
—E: Eso es lo extraño. Se mediatiza, se difunde por todos los medios la información de los supuestos imputados que van a ser deportados pero es solo eso, por ahora. Nos lleva a pensar que lo que se busca es generar otra cosa. No queremos entrar en la novela turca que ellos pretenden. Ninguno de los dos militamos. Tenemos nuestras ideas, nuestro posicionamiento político, pero eso no es un delito. No es un crimen sacarse una foto con la estatua del Che, como hicieron parecer. O terminamos en una cacería ideológica.