Los objetivos estratégicos de la política exterior argentina estuvieron totalmente ausentes en la visita que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de realizar a China. Al respecto, el sitio web de la Cancillería destaca entre las prioridades que se fija la Nación, los consensos orientados al fortalecimiento del derecho internacional, la promoción de los valores asociados a la paz internacional, la forma democrática de gobierno y el respeto a los derechos humanos.
Si bien, desde el pragmatismo, China hoy representa una oportunidad económica increible, el punto a explorar es si al compromiso con los derechos humanos hoy se lo considera o no como una política de estado prioritaria en las relaciones exteriores que la Argentina está moralmente obligada a adoptar.
Veamos. La Presidenta informó que en su reunión con el presidente de la República Popular China, Hu Jintao “durante una hora y algo" se habló primero del apoyo chino a Malvinas y el apoyo argentino al principio de una única China.
Siempre según Cristina Fernández, luego, se pasó a la relación comercial bilateral, más tarde a la política de seguir acentuando los lazos culturales y se cerró con un cuarto punto que fue "por supuesto, la posición común en los foros multilaterales”.
La mandataria argentina agregó: “Estoy segura que vamos a afianzar nuestra relación a partir de esta visita” y el representante del régimen de partido único de China la calificó como “una gran amiga nuestra”, destacando que ella “siempre ha apoyado nuestra relación”.
De derechos humanos, nada. En su resumen de la situación en China, el reciente informe de Amnistía Internacional destaca que las autoridades chinas continuaron endureciendo las restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación y que defensores y defensoras de los derechos humanos fueron detenidos, procesados, recluidos bajo arresto domiciliario y sometidos a desaparición forzada.
El Informe considera además que el control sobre Internet y los medios de comunicación continuó siendo una práctica generalizada en China y que las campañas de mano dura dieron lugar a detenciones masivas en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang.
También se consignó que en las regiones habitadas por población tibetana se impidió el acceso de observadores de derechos humanos independientes, que las autoridades continuaron ejerciendo un férreo control sobre las prácticas religiosas y que continuó la dura y sistemática campaña contra los seguidores de Falun Gong, iniciada 10 años atrás.
Se podrá argumentar que ningún país, en especial de América latina y en un contexto de crisis económica, va a desaprovechar las oportunidades de inversiones chinas debido a que el gigante asiático es uno de los mayores violadores de derechos humanos del mundo. El punto es que no parece muy práctico alardear internamente respecto a que “la forma democrática de gobierno y el respeto a los derechos humanos” son condiciones indispensables para el mantenimiento de las relaciones bilaterales con la Argentina. Este principio, como tal, hay que aplicarlo en todos los casos y no solamente con Honduras o Guinea Ecuatorial.
También se puede señalar que la Argentina ya había realizado esta crítica en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando el 9 de febrero de 2009 tuvo lugar el Examen Periódico Universal de China. En dicha ocasión, la Argentina le recomendó a China adherir a los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales todavía no era parte y que adoptara una descripción legal de discriminación y su penalización, teniendo en cuenta los estándares internacionales. La Argentina también requirió entonces iniciativas para expandir la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, teniendo en cuenta el uso de Internet y planes para penalizar la tortura. El actual canciller, Héctor Timerman, planteaba desde la revista que dirigía en 2004 que “porque fuimos víctimas no debemos olvidar a las actuales víctimas” y no dudaba por entonces en calificar a China como una dictadura.
Al respecto, en una visita realizada a Buenos Aires en septiembre de 2007, el abogado canadiense David Matas, coautor del “Informe sobre alegatos de extirpación de órganos a practicantes de Falun Gong en China”, explicaba que “La razón por la cual los crímenes de lesa humanidad se consideran crímenes contra la humanidad es porque son crímenes contra la gente, en todas partes".
El reconocido experto en cuestiones de derechos humanos, quien fue delegado de su país para la Asamblea General de las Naciones Unidas y para la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Corte Penal Internacional y además honrado por sus labores sobre el holocausto, antisemitismo y diversas temáticas en derechos humanos, añadía por entonces que "los crímenes en China son crímenes contra la humanidad, contra la gente en la Argentina, contra los seres humanos. Y esa es una lección aprendida durante la época de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina y ahora los argentinos no deberían olvidarla”.
(*) Gabriel Salvia es titular del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
