En un hecho inédito, el gobierno de Mauricio Macri dio una clara señal de endurecimiento en la política migratoria, diplomática y de seguridad, al punto de forzar a varias embajadas de países extranjeros a interceder ante el Ejecutivo para impedir la deportación de miembros de ONGs y hasta de comitivas oficiales que desde hace una semana comenzaron a llegar al país para la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Argentina sienta así un precedente que podría agudizarse en 2018, cuando deberá organizar la próxima cumbre del G20.
Las acreditaciones a la cumbre internacional son realizadas por la OMC, pero Argentina vetó a fines de noviembre a unas 54 personas que ya estaban habilitadas oficialmente a asistir al encuentro en Buenos Aires, de acuerdo con la lista a la que accedió PERFIL. Se trata de expertos de la sociedad civil, sindicalistas, activistas de derechos civiles y ambientalistas. El Gobierno deportó entre el jueves y el viernes a dos periodistas, Petter Titland (noruego) y Sally Burch (inglesa), e intentó deportar a un economista brasileño, quien pudo ingresar al país ante la intermediación del embajador.
“Una semana antes nos llegó un mail de la OMC (firmado por el jefe de Relaciones Exteriores) informándonos que algunos de nosotros ya no estábamos acreditados por decisión del gobierno argentino. Pero no nos dieron explicaciones”, contó uno de los miembros de esa lista a este medio (pidió mantener su nombre en reserva para evitar represalias). “No teníamos la misma perspectiva pero ahora estamos avanzando y esperamos hacer una buena conferencia”, dijo el vocero de la OMC, Keith Rockwell, ante la consulta de PERFIL.
En los últimos días la “lista negra” se redujo a 18 personas, tras la intermediación de algunas embajadas ante el Gobierno. Pero el caso de Brasil demostró que no fue suficiente. Desde la red Nuestro Mundo No Está en Venta (Our World is Not For Sale, OWINFS), asiduos participantes de las cumbre de la OMC detallaron que el gobierno de Michel Temer acreditó a brasileños de la lista negra como miembros de su comitiva oficial para que puedan ingresar al país con respaldo diplomático. Uno de ellos llegó al aeropuerto con toda la documentación esta semana. En Migraciones, una funcionaria selló su pasaporte y le dio la bienvenida. Pero duró poco. Cuando estaba retirando su equipaje, la mujer lo interceptó y le comunicó que su pasaporte tenía una alerta: debía acompañarla de regreso a Migraciones. Una hora más tarde, un encargado de la dirección se acercó a darle explicaciones. Le aseguró que estaban tratando de resolver el problema pero que posiblemente iban a tener que deportarlo. Al tratarse de un miembro de la comitiva oficial, los empleados de Migraciones no sabían cómo explicar la situación, relataron testigos directos del hecho. Le permitieron utilizar su celular. El hombre se comunicó con sus contactos oficiales. Tres horas más tarde, Migraciones le dijo que sería deportado en un vuelo que salía en 20 minutos, pero llegó una comunicación del Ejecutivo. La embajada de Brasil había logrado destrabar el conflicto.
La embajada de Alemania confirmó que debió interceder para que se permita el ingreso al país de Ernst-Christoph Stolper, miembro de Friends of the Earth International, quien al cierre de esta edición aún no había viajado a Buenos Aires. La embajada de Francia habría realizado gestiones similares para sus compatriotas, garantizando que no se trata de personas “peligrosas”, según las ONGs consultadas.
Fuentes del Ejecutivo dijeron a PERFIL que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizó una investigación sobre el perfil de las organizaciones y no de las personas. El Ministerio de Seguridad intervino haciendo consultas a Interpol para verificar si algunos de los miembros de las ONG tenían alertas de captura internacional. Las organizaciones vedadas tienen sedes en Brasil, Chile, Uruguay, Alemania, Francia, Noruega, Indonesia, Bélgica, India, Paquistán, Filipinas, Reino Unido, Finlandia, Ecuador, Hong Kong y Holanda. El argumento para prohibir su ingreso al país son “cuestiones de seguridad nacional”.
