El juez Norberto Oyarbide inhibió y embargó hoy los bienes de Alejandra Bonafini, la hija de la titular de Madres de Plaza de Mayo; de la ex mujer del ex apoderado de la entidad Sergio Schoklender, de dos financistas vinculados a este último y de una media docena de personas y unas 30 empresas, en la causa que investiga si hubo delito en el manejo de fondos estatales para la construcción de viviendas sociales.
Además, el magistrado ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todas las personas involucradas en el expediente que investiga posibles irregularidades cometidas a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que sigue bajo secreto de sumario.
Así lo informaron fuentes judiciales, que indicaron que la medida fue notificada hoy a las partes y que, básicamente, acepta los reclamos que le había formulado el fiscal Jorge Di Lello, que había ordenado investigar una denuncia presentada por diputados de la Coalición Cívica.
Las medidas dispuestas por Oyarbide, que hoy comenzó una licencia de dos semanas y prorrogó por segunda vez el secreto de sumario de la causa, no incluyen por el momento allanamientos, ni detenciones, ni entrecruzamientos telefónicos, pero sí algunas declaraciones testimoniales de personas "vinculadas con temas documentales", explicó una fuente.
Además, el juez le remitió al fiscal las ocho cajas con documentación que Schoklender le entregó a Oyarbide semanas atrás para que comience a analizarlas. Las cajas se encuentran lacradas y se espera que el fiscal cite a Schoklender y su abogado, Adrián Tenca, para abrirlas.
"Las medidas son para asegurar los bienes que estamos investigando", explicó una fuente de la causa.
El fiscal Di Lello había pedido investigar a medio centenar de personas y a unas empresas que podrían estar vinculadas al lavado de dinero de los fondos destinados a las Madres para la construcción de viviendas y con los que se habrían comprado diversos bienes, como autos, casas y yates.
Al inicio de la causa Oyarbide ya había embargado los bienes de Sergio y Pablo Schoklender, del director de la empresa Meldorek, Alejandro Gotkin, que construía las casas de las Madres, de la financiera Travel Trade, y de otra decena de personas.
El embargo de bienes contra la hija de Hebe de Bonafini se centra en la venta a un precio presuntamente subvaluado de un departamento por parte de la mujer a la empresa Meldorek, que administraba Schoklender.
Ese departamento habría sido vendido en unos 25 mil dólares, cuando en realidad el valor de mercado sería muy superior.
Fuentes judiciales dijeron que el juez Oyarbide investiga las razones de esa supuesta subvaluación y, especialmente, si esa venta es "la segunda parte" de una operación que involucraba otra propiedad.
La hija de Bonafini quedó al frente de la Fundación cuando la referente de los derechos humanos echó de la entidad a Pablo Schoklender, tras la partida de su hermano Sergio, en ambos casos por las denuncias en su contra.
Oyarbide también dispuso la inhibición y embargo de los bienes a nombre de José Fernando Caparrós Gómez y Mario De Falco, dos financistas que trabajaban con Schoklender.
Caparrós Gómez es el dueño de Monetización, empresa que habría cambiado cheques de Madres de Plaza de Mayo, y De Falco es el titular de la financiera Travel Trade y hermano del ex director técnico de Madres, Eugenio De Falco.
La misma decisión tomó sobre Viviana Sala, ex esposa de Schoklender y dueña de una de las propiedades del barrio privado "El Patacón", en el que la semana pasada se realizó un allanamiento donde se constató que las casas estaban construidas con los mismos materiales que usaba la Fundación.
La decisión, en el marco de una causa que ya tiene 28 cuerpos (unas 5.000 páginas, establece otras medidas de investigación vinculadas con los destinos del dinero que recibió la Fundación para el programa "Sueños Compartidos".
Oyarbide salió hoy de vacaciones por dos semanas, lapso en el cual quedará al frente del juzgado como subrogante su colega Marcelo Martínez de Giorgi.
Martínez de Giorgi tiene a su cargo la causa en la que se investigan los contratos que provincias y municipios firmaron con las Madres para la construcción de las viviendas.
Además, Oyarbide prorrogó hoy por segunda vez el secreto de sumario de la causa por los próximos 10 días, período en el que estará de vacaciones.
