El presupuesto destinado a políticas alimentarias y la necesidad de ampliarlo para atender los urgentes requerimientos de las organizaciones sociales se convirtieron en la última semana en el eje de un intenso debate entre el oficialismo y la oposición, que tuvo como primer resultado la media sanción de una Ley de Emergencia Alimentaria en la Cámara de Diputados, con 222 votos a favor y una sola abstención. De acuerdo a los datos que provee la Oficina de Presupuesto del Congreso, el ministerio de Desarrollo Social que comanda Carolina Stanley destina tres programas para cubrir las demandas alimentarias.
Por un lado se encuentra la denominada “Partida 26” que corresponde al Programa de Políticas Alimentarias, que en 2019 tuvo un presupuesto inicial de $ 12.650 millones y que fue incrementada en un 36% en los primeros ocho meses del año, para llegar a un total de $ 18.210. Este ítem se basa en la entrega de leche fortificada a menores de dos años, la prestación alimentaria que se otorga a los beneficiarios a través de una tarjeta, el reparto del “módulo alimentario” y el aporte de mercadería a comedores comunitarios y comedores escolares. En ese combo también aparece el Plan Nacional de Protección Social para hogares vulnerables, por $ 372 millones, y el Programa Pro Bienestar para beneficiarios de PAMI por un total de $ 2.395 millones.
La suma de estos tres puntos da una cifra de $ 20.977 millones, de la cual fue ejecutada hasta el momento el 56%. El reclamo inicial de las organizaciones sociales era de un incremento del 50% de la totalidad de las partidas vinculadas a cubrir necesidades alimentarias, muy distinto a la propuesta que surgió en el Congreso de que ese 50% se calcule sobre el monto que quedaba por ejecutar. Finalmente, prevaleció la primera alternativa, con lo que habrá una reasignación de partidas que alcanzará los $ 10.000 millones, según la explicacion que se dio desde el oficialismo.
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El consenso que se alcanzó sobre el cálculo permitió que el oficialismo accediera a sumarse al debate y votar a favor, y se espera que tenga una actitud similar el próximo miércoles cuando se trate en el Senado, con la expectativa de lograr una sanción exprés antes de las elecciones y contener cualquier conflictividad social.
Según un relevamiento hecho por PERFIL, el presupuesto que destina Stanley al área creció en un 536% desde el 2016, una cifra muy superior a la inflación acumulada en el mismo período, que alcanzó el 297%. El análisis marca además el fuerte incremento que hubo para los presupuestos de años electorales, con el 88% para 2017 y el 110% para 2019, contra un 35% que se registró en 2018, un año sin compromisos en las urnas.
En ese lapso, el dólar saltó de un promedio de $ 13,50 en los primeros días de 2016 a los $ 58 que cerró en la jornada de ayer, lo que también generó impacto sobre el alcance de las partidas presupuestarias y la cantidad de alimentos que se podían comprar en aquel momento y lo que se puede adquirir ahora.
Lo cierto es que el incremento de las partidas presupuestarias no lograron impactar de manera directa en la reducción de la pobreza, uno de los objetivos centrales que se había autoimpuesto Mauricio Macri en el inicio de su gestión, ya que el registro del primer semestre de 2016 muestra un índice del 31,4%, que llegó a un 34% de acuerdo a la última medición del Indec.
