La tensión reinante que confronta a los trabajadores estatales con el gobierno de María Eugenia Vidal no tiene tregua. Empleados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizarán una marcha hacia la Legislatura bonaerense que rechaza de plano la decisión de la gobernadora de suspender por 180 días de la ley que daba inicio a las negociaciones paritarias de los municipios.
Se trata de la ley N° 14.656, aprobada el año pasado en la propia Legislatura y que iba a entrar en vigencia el 6 de enero, pero mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N°26, emitido por Vidal un día antes de su entrada en vigencia, postergó su implementación por los próximos seis meses. De esta manera, las condiciones de negociación de los salarios municipales quedaron en el marco de la ley N° 11.757, cuya regulación permite que los sueldos se establezcan de manera unilateral.
El secretario general de ATE, Oscar de Isasi, salió a confrontar con la mandataria municipal y calificó de “disparate” la medida. “Lo que se quiere hacer es poner en la congeladora la paritaria municipal, no se quiere que entre en vigencia. No es casualidad que el decreto de la gobernadora salga el día 5, cuando el 6 se ponía en marcha la paritaria”, denunció.
De Isasi no escatimó críticas y señaló: “Es un mamarracho jurídico que a través de un DNU se suspenda esa ley, porque la provincia de Buenos Aires no tiene esa potestad”.
Los puntos fuertes de la normativa suspendida
Denominada “Relaciones Laborales y Negociación Colectiva para los Trabajadores Municipales”, la ley 14.656 contemplaba una mejora significativa de las condiciones laborales. Por un lado, establecía que los sueldos comunales no podían ser inferiores al salario mínimo, vital y móvil.
A su vez, dictaminaba que en un plazo de hasta cinco años, el 80% de los trabajadores municipales bonaerenses debían tener garantizada la estabilidad laboral. Actualmente, las condiciones de precariedad laboral afectan a un 50% de los estatales.
En su primer mes de gestión, María Eugenia Vidal ya enfrentó diferentes conflictos con los empleados municipales. Las primeras rispideces emergieron con la decisión de no renovar los contratos de los trabajadores en diferentes comunas, en el marco de una decisión de carácter nacional, y cuyo punto máximo de tensión se vivió el pasado viernes con la represión de manifestantes frente a la municipalidad de La Plata. La versión oficial justifica estas medidas en función del estado calamitoso de las arcas provinciales, a partir del cual se están negociando con la nación un préstamo de 55.000 millones de pesos.
Los estatales se concentran en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata y marcharán a media mañana para reclamar la suspensión del decreto.
