A pocos días de cumplir tres meses en el poder, Alberto Fernández acumula cinco frentes de batalla abiertos que pusieron rápidamente en tensión a su gobierno. Campo, Iglesia, jueces, bonistas y empresarios ya están en la lista de desafíos con los que debe lidiar el Presidente, todos con un destino incierto y algunos de ellos que prometen marcar a fuego su gestión.
Para el Gobierno, cada uno de los conflictos tiene una doble interpretación. Desde el punto de vista de la comunicación, tal como ya lo hizo el kirchnerismo, ayuda para la construcción de un relato y mantener la cohesión de su núcleo. Sin embargo, la experiencia también demostró que un enfrentamiento que perdura en el tiempo termina desgastando más de lo que reditúa políticamente.
No es menor, en ese sentido, que Fernández resalte cada vez que puede su mensaje de moderación con el que busca poner paños fríos a las tensiones que las decisiones de su gobierno generan. Por momentos, sin embargo, son sus propias declaraciones las que confrontan.
El conflicto con el campo comenzará mañana su primer capítulo, con el cese de comercialización que decretó la Mesa de Enlace por la presión de gran parte de sus bases. Desde un primer momento, Alberto buscó evitar que el conflicto llegase a las rutas: “Aprendí de la 125, no cometo dos veces el mismo error”, expresó a fin de año. El diálogo con los líderes de las agrupaciones ruralistas nunca se quebró, e incluso el anuncio de la suba de retenciones no lo hizo durante el discurso en la Asamblea Legislativa, como se especuló en un primer momento, sino que lo postergó unos días, luego de que el ministro de Agricultura recibiera a la Mesa de Enlace. Pero de todas formas, fue el propio Presidente el que tiró más nafta al fuego: “Los autoconvocados deberían tener la honestidad de decir que son opositores”. Los sectores del ultrakirchnerismo son los que salieron a criticar con dureza.
La Iglesia hoy buscará demostrar que no hay negociación posible por la legalización del aborto. En una misa que se prevé multitudinaria en Luján, los líderes eclesiásticos le darán el puntapié inicial a la estrategia para dilatar los plazos del debate y presionar a los legisladores en cada provincia para que rechacen la iniciativa. Alberto Fernández intentó apaciguar los ánimos primero desde las propuestas: junto a la legalización se debatirá el proyecto “mil días”, con el que se busca dar contención a madres de sectores vulnerables durante el embarazo, el nacimiento y el puerperio (un plan con el visto bueno de la Iglesia). Sin embargo, los religiosos buscan evitar la lógica de la negociación y el Presidente ya bajó la orden de no confrontar. La estrategia oficial es que el debate sea lo más veloz posible para evitar que este conflicto escale.
Desde el punto de vista económico, hay dos frentes abiertos en los que el enfrentamiento puede redituar desde lo simbólico pero puede complicar seriamente la ya desatada crisis. La negociación con los bonistas es hoy la principal preocupación del Gobierno, al punto tal de que parte de la gestión, sobre todo la vinculada a la obra pública, va en cámara lenta a la espera de saber con cuántos recursos se contará. Con los empresarios, en tanto, el propio Presidente renovó esta semana la presión por la suba de precios en alimentos que se siguen detectando.
Con el Poder Judicial la pelea empezó por la modificación del régimen de jubilaciones (será ley este jueves), pero promete seguir con los proyectos de reforma que enviará el Gobierno en las próximas semanas. Un punto en el cual la oposición está también haciendo hincapié porque teme que detrás de todas las movidas haya un intento de desactivar las causas abiertas contra el kirchnerismo. “Yo sé cómo funciona la Justicia, y lo único que estoy intentando es mejorarla”, retruca el Presidente.
