Ante la decisión del juez federal Luis Rodríguez de impedir que el ex ministro Julio de Vido sea desaforado, el Gobierno comenzó a analizar la posibilidad de recurrir a una medida política que le quite privilegios al diputado del Frente para la Victoria. Una de ellas, la de pedir su expulsión, genera divisiones en el oficialismo.
Hay quienes creen que hay que tratar el desafuero del ex funcionario kirchnerista en el corto plazo y otros que sostienen que eso no se debería hacer sin el requerimiento del juez. Elisa Carrió es una de las que insiste con más fuerza en expulsarlo de todas formas por “inhabilidad moral”. En el PRO, sin embargo, hay voces que no están de acuerdo con esa alternativa.
En paralelo, hay otros que proponen modificar la ley de fueros, que regula la aplicación de la inmunidad que la Constitución le da a los parlamentarios.
La diputada oficialista Silvia Lospennato es autora de uno de esos proyectos, los otros son de Waldo Wolff y Elisa Carrió. El diputado Daniel Lipovetzky, de Cambiemos, sostuvo a PERFIL que independientemente de la situación de De Vido “hay que reglamentar los fueros y explicitar cuáles son sus alcances, para que nadie se refugie en ese privilegio para cualquier cosa. Los fueros tienen como objetivo defender a los legisladores para que puedan hablar sin condicionamientos y para que no sean encarcelados por eso. Pero no es para cualquier cosa”.
Lo que para todos está claro es que aún reglamentando la ley y explicando los alcances de los fueros, no se podrá aplicar al caso de Julio de Vido, ya que la ley nunca se puede utilizar de manera retroactiva. La discusión es la misma que se generó con el proyecto para sancionar a las empresas que cometan actos de corrupción, cuando se quiso incluir el caso de las coimas de Odebrecht.
