En Córdoba, el narcotráfico mueve más de $ 5.000 millones al año

El Informe Anual sobre las Drogas 2016 que publicó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ubicó a la Argentina como uno de los países que integran "las cinco principales corrientes de tráfico de cocaína" hacia todo el mundo; además, las estadísticas de Naciones Unidas colocan a la Argentina, junto a España, como el país de mayor consumo de esta droga a escala global.

En ese marco, Córdoba se está transformando en un mercado estratégico de elaboración de clorhidrato de cocaína (pasta base + precursores). Ya era territorio de almacenamiento y tránsito de los flujos que se exportan hacia Europa, pero ahora, se expande también su perfil como plaza productora y consumidora. Por ende, da asiento a dos eslabones críticos de la cadena de este mega millonario negocio: el narcotráfico y el narcomenudeo.

“Por nuestra provincia cruzan dos tipos de cocaína: la de exportación, que es descargada por vía aérea en Santiago del Estero y de allí va hacia los puertos del Atlántico y el Pacifico; y la pasta base, que viene de Bolivia y es transformada en clorhidrato de cocaína”, explica el legislador por Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio.

La droga tiene a la Ruta Nacional 38 (unos 800 kilómetros de recorrido) como una de las principales vías de ingreso. Es la ruta que une al interior del país (departamentos Punilla y Cruz del Eje, en Córdoba) con el norte argentino, a través de su paso por las provincias de Catamarca, La Rioja y Tucumán, trazado que se continua en Salta y desde allí hacia Bolivia. Según informes de la DEA, esta ruta neurálgica convirtió a Córdoba en un punto estratégico para el almacenamiento y tráfico de estupefacientes que se exportan tanto por el Pacífico (vía Ruta Nacional 60) como por el Atlántico (vía Ruta Nacional 9). “La provincia tiene sus rutas desguarnecidas al paso de la cocaína. Pueden usar cualquier ruta, incluso las de tierra paralelas a la Ruta Nacional 9 Norte”, señaló García Elorrio.

Con el tiempo, y la ausencia de una política nacional de combate a este crimen, el negocio no quedó sólo en la instancia del tránsito sino que fue migrando hacia la manufactura a partir de pasta base. Con esta fase se potenció –casi necesariamente– el consumo doméstico y con ello el llamado narcomenudeo.

De unas 300 cocinas de cocaína que la Asociación Antidroga de la República Argentina (AARA) estima existen en el país, alrededor de un 25% (unas 75) funcionan en Córdoba.  (Ver en recuadro metodología de estimación)

¿De qué se trata concretamente estos laboratorios? Muy lejos de las sofisticadas realidades presentadas por la ficción Breaking Bad, las cocinas de cocaína locales son rudimentarios espacios montados en casas de familia donde se aplican dos sistemas de corte a partir de la pasta base traficada desde el norte: uno es el que permite obtener cocaína genérica (lleva éter, acetona y lactosa) y el otro, produce una cocaína de mayor pureza denominada "alita de mosca" (no es en polvo sino en escamas transparentes, que se refina con el agregado de fenacetina, lo cual le da un aspecto de brillo nacarado). Además, como en todo mercado consumidor que va madurando, comenzó a aparecer de modo incipiente el subproducto de menor calidad y efectos letales –el paco– elaborado con residuos de cocaína y procesado con ácido sulfúrico y querosene.  

Volumen de negocios.  Este portafolio de productos del complejo cocaína genera un volumen de negocios de algo más de $ 5.000 millones anuales (US$ 312,5 millones).

Para llegar a este cálculo, PERFIL CORDOBA, con el asesoramiento de especialistas, siguió  la metodología de la UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) que se basa en la oferta y utiliza como punto de partida, la información disponible sobre la producción de la droga en cuestión, en el mercado bajo estudio. Conforme a esta metodología, y tomando como referencia unas 75 cocinas (distribuidas en Córdoba Capital), se calcula que cada una produce unos 7,5 kg promedio de cocaína semanalmente, lo que arroja un total de 2.250 kg mensuales.

A escala anual son 27.000 kg (28% del total de cocaína que se mueve  en el país, según el último Informe Mundial sobre las Drogas de las Naciones Unidas). (Ver en recuadro metodología de estimación) A su vez, considerando como precio promedio del gramo $ 193 (tomando en cuenta: $ 350 el gramo de alita; $ 180 el de cocaína genérica y $ 50 el de paco), el volumen vendido mensualmente asciende a $ 434,3 millones de pesos (US$ 27 millones) y anualmente a $ 5.212 millones (US$ 325,7 millones).

El monto se aproxima a los estudios de campo elaborados por el equipo de trabajo de Encuentro Vecinal Córdoba. “Tomando como base el dinero secuestrado en kioscos, puede proyectarse  que el Gran Córdoba genera un negocio diario de aproximadamente $ 13 millones o algo así como $ 400 millones al mes”, aseguran los especialistas de esta bancada. “El Gran Córdoba tiene unos 1.000 kioscos que son abastecidos por 30 o 35 distribuidores perfectamente identificados,  que compran pasta base y la hacen cocinar. Estos distribuidores-proveedores gozan desde hace años de alguna protección, sino no se explica tanta impunidad”, señala García Elorrio.

Para quienes por primera vez toman contacto con esta realidad, las cifras posiblemente pudieran impactarles por sus grandes dimensiones, pero para quienes están familiarizados con la realidad del narcotráfico, estos números seguramente decepcionarán por austeros.

Al ser una aproximación conservadora (promedio entre máximos y mínimos relevados) al complejo cocaína, hay que advertir que los cálculos sólo contemplan las ventas de consumo doméstico (narcomenudeo) y los pedidos de manufactura que narcotraficantes solicitan a cocinadores locales. No consideran montos que se negocian directamente en la línea del narcotráfico (es decir, cocaína que pasa por la provincia rumbo a mercados de exportación). Además, estas cifras no toman en cuenta  el interior provincial (fuentes policiales reconocieron a PERFIL CORDOBA que en todo el territorio puede haber hasta 3.000 bocas de expendio de drogas). Y también es preciso advertir: estas estimaciones dejan por fuera lo que se mueve por consumo de marihuana, drogas sintéticas y psicofármacos.

Impacto en la economía. A efectos de tomar una real dimensión de lo que hablamos, podemos referenciar que el volumen anual por venta de cocaína se equipara a 1,7% del Producto Geográfico Bruto (PGB) de la provincia; es un monto que supera en $ 2.000 millones el Gasto Social total que realizó en 2015 el último gobierno de José Manuel De la Sota y es similar al que anunció este año la Administración del gobernador  Juan Schiaretti. Se trata de volúmenes que comienzan a tomar entidad en la economía, sobre todo si se los leen en contexto: este flujo de dinero se genera en una economía que tiene un 12% de desempleados y 618.000 personas (entre pobres e indigentes) con dificultades para cubrir la canasta básica y con limitado acceso a bienes sociales (salud, educación, vivienda, infraestructura básica).

El punto aquí no es la vinculación del narcotráfico con la pobreza desde un prejuicio ético-moral, sino lisa y llanamente por qué el negocio narco se abre como una opción de ingresos para segmentos de la sociedad vulnerables o sin empleo estable que, aún en el marco de la asistencia social que reciben, devienen en actores decisivos de las estructuras delictivas que los contienen y que, aparentemente, solucionan sus economías.  (“Los que manejan la droga nos prestan sus autos para salir con la novia, pagan las fiestas de 15, ayudan con las mejoras de las casas y hasta arreglan algunas calles”, se escucha decir a vecinos de las barriadas más involucradas en el negocio, que incluye a Maldonado, Müller, Renacimiento, Bajada San José, Colonia Lola, Villa Inés y Campo de la Ribera, entre otros).

“En Córdoba, la cocina está siendo asumida por unidades familiares”, explicó a PERFIL CORDOBA  una integrante de una ONG que trabaja en los barrios más calientes del narco, tratando de rescatar a niños y adolescentes de la trama de la venta y el consumo. “Si la familia dispone de espacio lo hace en su casa, sino alquila por tres horas un espacio a otra casa y por eso se paga hasta $ 1.200”.

Esta última modalidad también se ha extendido para evitar ser detectados por los patrullajes, cada vez más intensos, que hace la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), con la ayuda de las denuncias de los vecinos.  A veces, los “soldaditos” reciben paga, pero otras veces son los propios integrantes más pequeños de la familia los encargados de actuar como “señuelos” en el ingreso de las viviendas, para marcarlas como lugares de venta. 

Pero aquí hay algo relevante a tomar en cuenta: así como el negocio narco es en una caja rentable para quienes se integran a la cadena “cocina-delivery al menudeo”, también es una fuente millonaria de ingresos para las cadenas superiores del narcotráfico (los encargados de logística entre los carteles de origen y los que se enfocan en la distribución a gran escala); para las estructuras políticas, policiales, judiciales y burocráticas que habilitan, controlan y facilitan el tránsito y el desarrollo del negocio y, asimismo, para las empresas que comienzan a ser las bases legales por donde se lavan las ganancias que produce esta industria.

Por ello, es importante empezar a instalar en Córdoba la agenda del narcotráfico como un fenómeno económico-criminal integral, que no se limita a lo que ocurre en barrios periféricos y no se detiene en las cabezas de las familias que controlan la producción local. Si se pretende una mirada real del tema, hay que reconocer que se enfrenta un monstruo de mil cabezas, que tiene muchos empleados muy bien pagos, pero también un “board” sofisticado y poderoso.

El profesor Edgardo Buscaglia (Investigador Principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia, autor del libro ‘Lavado de dinero y corrupción política’ y experto en el análisis del fenómeno económico ligado al narcotráfico) lo explica claramente: “Cuando en España se detiene a una ‘mula’ que está transportando cocaína en su cuerpo desde Buenos Aires a Madrid, los fiscales de la Audiencia Nacional investigan todas las ramificaciones de la empresa que estaba utilizando a esa persona para el transporte. No se investiga o se reprime, como en la Argentina, sólo a la ‘franquicia’, a los pibes, a los ‘soldaditos’ que están vendiendo y comprando drogas al menudeo. Esas son franquicias y lo que hay que desmantelar son los directorios. Sino, es como tratar de controlar las transacciones ilegales de un banco deteniendo a los cajeros”.

Metodología

Para llegar al cálculo de los $ 5.000 millones que se estima el narcotráfico mueve en Córdoba, se utilizaron los siguientes criterios:

1)      Cálculo desde la oferta: cantidad de kilos elaborados por cocina.

2)      Determinación del número de cocinas: atendiendo que las cocinas son gestionadas por unidades familiares, rudimentarias, móviles y en permanente mutación para evitar ser  detectadas, se realizó el promedio del número de cocinas informadas por tres fuentes diferentes  (especialistas/fuerzas de seguridad/legislativas)

3)      Determinación del número de kilos: se realizó un promedio de los kilos informados en fuentes vinculadas a fuerzas de seguridad y a especialistas que estudian el mercado local.

4)      Determinación del precio por gramo: se promedió el precio del gramo de cada uno de los tres componentes del complejo cocaína (genérica/alita/paco) en base a los precios de tres zonas diferentes de la ciudad. Luego, se hizo la media de los tres valores obtenidos.

¿Quién está al mando?

 En el 2005, el Congreso de la Nación aprobó una norma (Ley de Desferalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes) que permite a las policías y justicias provinciales combatir el narcomenudeo. Están adheridas Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja. Sin embargo, sólo Córdoba convirtió esta adhesión en acción creando, en mayo de 2015, la primera Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.

La FPA es un cuerpo profesional especializado (con 442 efectivos) que integra el Sistema Provincial de Seguridad Pública y se dedica a la prevención y la investigación del último eslabón del narcotráfico: el narcomenudeo.

En lo que va de su gestión, la FPA logró incautar casi 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína (unos $ 29,2 millones), cerrar 663 puntos de ventas y detener a 2.423 narco-menudistas. Considerando el valor económico de la droga incautada más los bienes de las organizaciones que se desbarataron, el monto asciende a $ 62 millones.

“La importancia de una fuerza como la FPA es que al cerrar puntos de venta quita oxígeno a las estructuras de las bandas, impide que se expanda el menudeo y evita la formación de carteles”, explicaba a PERFIL CORDOBA un especialista en seguridad. Desde este punto de vista, es una fuerza efectiva a la hora de contener y reconstruir entornos de seguridad en los barrios más impactados por este tipo de crimen. Eso explica por qué Córdoba no sufre aún los niveles de violencia que se conocen en Rosario.   

Desde la vereda de la crítica, la oposición reclama a la FPA neutralizar el accionar de los  distribuidores, pero lo cierto es que al ascender en la línea de negocio (del narcomenudeo al narcotráfico), la órbita de acción es de las fuerzas federales y la Justicia Federal.

En la última década, el Estado Nacional estuvo completamente ausente en materia de combate al narcotráfico y eso llevó a la Argentina a presidir los rankings de consumo y de tráfico. Córdoba no queda al margen de esa realidad.

Sin embargo, desde la creación de la FPA y la llegada de la nueva Administración comenzaron a hacerse avances en materia de integración de políticas.

De hecho, el 6 de mayo pasado, el gobernador Juan Schiaretti firmó un convenio con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por el cual se oficializó que la Gendarmería tendrá en Córdoba un rol protagónico en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Las fuerzas federales encabezadas por Gendarmería (pero que también incluye a la Policía Federal, Policía Aeroportuaria y la Aduana) trabajarán de manera coordinada –según prometieron– con la Policía provincial, el Servicio Penitenciario Provincial y la propia FPA. Según explican los expertos, además de la coordinación y unificación estratégica de las políticas de combate, lo que se requiere es un “despertar de la Justicia” (mayor ejecutividad) para que los operativos que llegan a pruebas fehacientes no fracasen por la inacción judicial.