El ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires Máximo Fonrouge fue uno de los impulsores de la denuncia que derivó en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura llevada a cabo en 2006. En diálogo con PERFIL, el abogado comparte su visión sobre la resolución.
—¿Qué los llevó en un primer momento a entender que la reforma perjudicaría el equilibro del Consejo de la Magistratura?
—La Constitución establece que tiene que haber equilibrio entre los estamentos. La redacción de la reforma implicó un desbalance del equilibrio. Cuando se reformó en 1994, se buscó despolitizar –no totalmente, pero sí de forma parcial– el sistema de elección de jueces. Pero después, lo que resultó de la modificación numérica de 2006 fue que el estamento político –dejando de lado si está compuesto por oficialistas u opositores– podía tomar decisiones por su cuenta y a su medida. Si la política se ponía de acuerdo, por arreglos o lo que fuere, podía, por ejemplo, regular sola el régimen de concurso mediante el cual se eligen los jueces. También podían establecer sanciones para un juez.
—¿Considera que efectivamente el sistema judicial se ha visto perjudicado por la reforma en estos 15 años?
—Sí. Se vio afectado porque la política intervino en muchas ocasiones para repartirse ternas. Decían: “Yo te apruebo esta terna. Yo consigo dos jueces y vos, uno”. Y a veces no eran los mejores jueces, amén de que además después el presidente elegía cuál le venía mejor. Juega la política porque, para conseguir los votos necesarios (dos tercios del total) para aprobar una terna suele decidirse en función de las personas y su relación con el poder político y no de sus méritos. Muchas veces la política salvó a jueces que merecían ser objeto de un proceso de remoción. A Oyarvide lo salvaron de un proceso de juicio político mediante un arreglo el 11 de septiembre de 2001.
—¿Están satisfechos con el fallo de la Corte?
—Sí. Hemos peleado por eso. Lo planteamos hace 15 años. En ese tiempo yo fui presidente dos veces y ha habido tres presidentes más en el medio. Era un objetivo que tenía la abogacía. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) también había iniciado una acción, por ejemplo, aunque no prosperó.
—¿Considera que la nueva propuesta del oficialismo podría ser una buena solución al equilibrio que la Corte entiende se vio afectado en 2006?
—Me parece que, de la manera en que está diseñada, no. Hay un tema con la designación de los académicos. Estos originalmente eran designados en el claustro de profesores por elección. Ahora los elige el Consejo Interuniversitario, que está conformado por los rectores de las universidades de todo el país. Pero se han creado muchas universidades y en ese consejo la mayoría la tiene siempre el peronismo o el kirchnerismo sumado. Entonces no creo que ese sea el mejor procedimiento para designar a los académicos.
—En los proyectos presentados tanto por el macrismo en su momento como por el oficialismo actual se nota la ausencia de miembros de la Corte. ¿A qué cree que responda esto?
—No lo sé. Nosotros consideramos que, por una cuestión funcional, es bueno que haya un representante de la Corte para facilitar las tareas de coordinación, pero sería más conveniente que no fuera el presidente, por una cuestión de agenda.
—¿Hay un vacío legal si no se restituye el Consejo de veinte miembros y sus decisiones pasan a ser nulas?
—La Corte no previó nada en ese sentido. Si quedara todo en una nebulosa, la responsabilidad política la tendría el Consejo. De estar en sus zapatos, yo pondría en marcha el mecanismo para que se instrumente la designación en un tiempo no muy extenso.
