La citación a indagatoria del ministro de Justicia, Julio Alak, volvió a encender la alarma en la Casa Rosada. La cúpula del Gobierno cree que la tormenta judicial que atraviesa implicará el llamado a tribunales de más funcionarios y ministros en funciones, que acumulan centenares de denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
A la cabeza de ese ranking está la Presidenta, Cristina Kirchner –tal como publicó PERFIL en septiembre–, con 298 causas. No significa que todas estén activas, sino que son las registradas en la base de datos de Comodoro Py, pero muchas de ellas están latentes, a la espera de una resolución.
La que más le preocupa a CFK es la que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio, que allanó la empresa Hotesur y pidió las declaraciones juradas de toda la familia, y todo indica que se encamina a encuadrar la pesquisa en un presunto lavado de dinero.
El que le sigue es el ministro de Planificación, Julio De Vido, con 90. Y después está el vicepresidente Amado Boudou, con 85 denuncias. Ya fue procesado por haberse quedado con la imprenta Ciccone y por haber falsificado los papeles para la radicación de un auto Honda que, se suponía, era un bien ganancial. También podría ser procesado por enriquecimiento.
En definitiva, las máximas autoridades de la República están en la mira judicial. Y parece que el fuero federal tiene con qué atacar. En el caso de la Presidenta, las operaciones de alquiler del empresario Lázaro Báez de habitaciones de hoteles de los Kirchner que no se ocupaban –que reveló La Nación– llamaron la atención del magistrado, que cree que puede haber allí un blanqueo de dinero ilícito.
Hasta ahora, el Gobierno actuó abiertamente contra los jueces que investigan al poder. A Bonadio le redujo el sueldo en un 30%, y al juez que citó a Alak, Marcelo Martínez de Giorgi, lo criticó duro.
Ayer, el oficialismo cerró filas detrás de Alak y enmarcó la causa en la pelea con la Justicia. “Sin dudas, hay una embestida absolutamente desproporcionada, ilegal y hasta burda y torpe por parte de algunos jueces”, dijo el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. “No cabe ninguna duda de que se trata de una embestida permanente de determinado tipo de jueces y del Poder Judicial respecto de funcionarios del Gobierno”, advirtió el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, cuando le preguntaron por la citación a indagatoria al ministro de Justicia.
A Alak lo acusan de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber informado a la Justicia, cuando era director de Aerolíneas Argentinas, sobre el vaciamiento que estaba llevando adelante Marsans. El ministro jura que sí lo hizo. Deberá declarar en dos semanas, junto a la contadora Vilma Castillo, íntima amiga de Cristina Kirchner. El juez resolverá después qué hace.
La preocupación en el gabinete es generalizada. Las causas que estaban dormidas pueden despertar.
