Podría describirse como una tormenta de furia, como el inicio de un sutil levantamiento o simplemente como el principio de un proceso de revancha. Pero el jueves, Claudio Bonadio, juez Federal de Comodoro Py –los tribunales donde se radican la mayoría de causas de corrupción contra funcionarios K– cristalizó el inicio de una guerra cada vez menos fría entre un sector del poder judicial y el kirchnerismo.
Fue en el momento que ordenó el allanamiento de la sede porteña de Hotesur, la empresa que controla los emprendimientos hoteleros de la familia presidencial.
Lo hizo en tiempo record, a diez días de que la diputada Margarita Stolbizer haya presentado una denuncia contra la Presidenta por violación de los deberes de funcionario público y abuso de poder.
El allanamiento fue también una metáfora del clima que se vive en tribunales, donde muchos jueces perdieron la paciencia. Creen que el avance que intenta hacer el Gobierno sobre sus competencias ya llegó al límite. Para ellos, el avance de la reforma del Código Procesal Penal podría quitarles poder al aspirarle causas de peso. Justo este miércoles, un día antes del allanamiento en las oficias de la empresa de Cristina, el Código tuvo media sanción en el Senado. ¿Pura casualidad?
Un juez, hoy furioso con la Presidenta, lo explica con crudeza: “Acá (en tribunales) hay una sensación de que este Gobierno se terminó”, confiesa, mientras describe recurrentes encuentros entre varios magistrados federales, uno de ellos hace dos jueves en un conocido restaurant de Puerto Madero. En los ágapes se discute cómo mostrarle al Gobierno que ya no quedan más “intocables” en el Gabinete. Ni siquiera la propia Presidenta.
La pregunta clave es cómo seguirá la causa que investiga a Hotesur, la empresa de Cristina que administra el Alto Calafate, el hotel de los Kirchner en el sur. Allí, firmas vinculadas a Lázaro Báez alquilaron unas 1.000 habitaciones por mes entre 2010 y 2011, generando ingresos por más de $10 millones de pesos, según reveló el diario La Nación.
¿Se podrá conectar la causa de Bonadio con la de Sebastián Casanello, el magistrado que investiga por lavado de Lázaro Báez? Existe una razón: si no se logra comprobar que el dinero de lázaro es sucio, nunca se lo podrá procesar por lavado de activos. Él justifica el tenue avance de la investigación en otras causas que primero deben probar que Lázaro mueve dinero sucio.
Por lo pronto, el allanamiento en la oficina de Hotesur del jueves no ayudaría tanto avanzar en la causa contra Cristina: “El lugar estaba totalmente vacío, no se pudo secuestrar ningún papel”, aseguran fuentes de la investigación.
Otro juez, enemistado con el Gobierno, explica que el avance de las causas contra la administración K radica en que “cada vez hay más denuncias contra funcionarios porque los que antes no denunciaban, ahora se animan”. Con décadas en el poder judicial, dispara una definición sobre el momento que se vive en el corazón de los tribunales: “Nunca hubo tanta corrupción como ahora, hay más denuncias y se avanza más rápido”, describe y se queja de que los jueces ni siquiera fueron convocados al Congreso para que opinen sobre los cambios en el nuevo Código Procesal.
Algunas fuentes judiciales explicaron también que el reordenamiento dentro de tribunales se explica por “disputas de los lobbistas” históricos que operaban en Comodoro Py, aquellos que promovían que la maquinaria judicial funcione de forma aceitada y en línea con los intereses del poder. Hoy esos “operadores” están fracturados. Algunos, resentidos, ahora juegan para los candidatos de la oposición.
Algunos jueces aseguran que el punto de inflexión en la relación con el Gobierno fueron las elecciones legislativas de octubre de 2013, cuando Sergio Massa derrotó al kirchnerismo en la Provincia. Fue hace un año. Falta lo mismo para que sean las próximas elecciones. No hay dudas de que Comodoro Py está en el centro de esa bisagra en la relación entre los jueces y el Gobierno.
