En la previa a la resolución de la Corte Suprema sobre los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, el ex integrante del máximo tribunal, Raúl Zaffaroni presentó su libro “Prevaricato de los jueces”, que contiene pasajes con cuestionamientos a la doctrina Irurzun y al procesamiento por traición a la Patria que Claudio Bonadio le dictó a la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner.
Zaffaroni, acompañado en una reunión virtual por la co-autora Nadia Espina, y varios juristas, insistió en que, de avalar el traslado de los jueces, el máximo tribunal estaría bordeando el prevaricato, es decir, fallando contra derecho. O en términos más coloquiales: la Corte estaría cometiendo un delito.
No es el único que lo piensa así fuera y dentro del Gobierno, que espera casi sin ánimo una resolución “salomónica”. Este mismo jueves 29 de octubre la agrupación Justicia Legítima -que lidera la titular de la AFI, Cristina Caamaño- publicó un comunicado que introduce más tensión en la previa a la acordada de la Corte: “No existe ninguna habilitación constitucional ni legal (o sea infraconstitucional) para traslado alguno. Esta forma de amañar la composición, viola la Constitución Nacional, use quien la use”.
El comunicado recuerda que la reforma de la Constitución de 1994 incluyó un triple mecanismo para la designación de los jueces, que involucra al Senado, al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura.
El Senado, con mayoría oficialista y a instancias del representante ejecutivo de la Magistratura, falló a favor de que los tres jueces vuelvan a sus lugares de origen porque, a su criterio, sus traslados no cumplieron los requisitos básicos.
“La Corte estaría sentando un precedente grave si resuelve a favor de los traslados: estaría yendo contra los otros dos poderes del Estado”, dijo a PERFIL uno de los jueces de Justicia Legítima, que sigue con preocupación el caso.
Justicia Legítima tiene varios miembros que piensan, como Zaffaroni, que un eventual aval al traslado que Mauricio Macri hizo de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, no solo merece una denuncia penal sino un juicio político a los cortesanos.
Alberto Fernández le apunta en público a Carlos Rosenkrantz, pero en privado la lista es más amplia. Sin embargo, el Gobierno arrastra un problema de fondo que es la tensión política interna. La carta de Cristina Kirchner a Alberto Fernández mostró en público diferencias que, en un vínculo aceitado, pueden decirse en privado.
Pero esas diferencias no sólo existen entre el presidente y la vice. También en el gabinete hay fricciones. Y una de las áreas es la de Justicia. Marcela Losardo, muy cercana al jefe de Estado, no tiene relación alguna con su vice, Juan Martín Mena, que responde a Cristina.
Y no es el único problema: hay fuertes críticas del sector de la vicepresidenta y de algunos sectores de la justicia a lo que consideran la “falta de acción” del Gobierno con la reforma judicial y con la remoción del procurador interino Eduardo Casal.
Irurzun y Bonadio
Zaffaroni se refirió al prevaricato en la presentación de su libro poniendo como ejemplo, aunque sin nombrarlo, a Bonadio. “El caso más evidente de prevaricato judicial se ha dado en la causa que pretende responsabilizar por el delito de traición a la patria a la actual vicepresidenta de la Nación”, indicó.
En su libro, está más explicado: “Es ampliamente sabido que, en tiempo no lejano, un juez decidió un procesamiento por el delito de traición a la Nación, sin que mediase o hubiese habido ninguna guerra, conforme a una pretendida interpretación aberrante de la letra expresa del histórico artículo 119 de la Constitución, copiado textualmente de la Constitución de los Estados Unidos en 1853, como garantía frente al uso político coyuntural indiscriminado del viejo derecho inglés y, en nuestro caso, como reafirmación de la prohibición de pena de muerte por causas políticas. Esa resolución contrariaba la opinión unánime –sin excepción alguna– de toda nuestra doctrina nacional penal y constitucional de todos los tiempos.”
También cuestiona, en la página siguiente, la doctrina Irurzun. “El caso más común sería el de la resolución contraria a la ley que, a diferencia del supuesto anterior, no pretenda ser ninguna interpretación de esta y que tampoco encuentre ninguna doctrina ni jurisprudencia que la apoye, al carecer de todo razonamiento jurídicamente elaborado con nivel técnico, o sea, una resolución que, además de no estar debidamente fundada, sea una simple ocurrencia o invención contraria a la ley. Así, sería el supuesto de una sentencia que, sin explicación razonable, impusiese … una prisión preventiva efectiva fuera de los casos legalmente previstos”.
Del cónclave virtual participaron Sergio Moccia, profesor emérito de la Università Degli Studi di Napoli, Federico II; Nilo Batista, profesor titular de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y Alejandro W. Slokar, profesor titular de la UBA y de la UNLP y Juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
El encuentro virtual fue seguido por cientos de participantes. El ex gobernador de Río de Janeiro, Nilo Batista, se expresó en contra de la “persecución de los gobiernos populares y sus dirigentes políticos en la región”, mediante la táctica de guerra no convencional conocida como “guerra jurídica” y elogió el libro: “La obra constituye una respuesta jurídica -y antes ética- al denominado lawfare”.
Durante la charla, el camarista Slokar, citando a Sebastián Soler, advirtió: “Ningún juez puede hacer pasar como Derecho algo que positivamente se sabe que no lo es”. Para él, el libro es un “semáforo de detección estrictamente técnico de las amenazas judiciales al Estado de Derecho”, puesto que “moviliza a razones científicas -aunque también éticas y políticas- en favor de una indispensable y urgente refundación de la legalidad judicial en nuestro país”.
MC
