Luego de un polémico concurso que duró más de cinco años y que tuvo sus denuncias por irregularidades, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal tomó hoy juramento a cuatro nuevos jueces federales de esta capital, que estarán a cargo de causas contra funcionarios por corrupción. Con su designación, ya no queda vacante ningún tribunal de primera instancia en ese fuero.
Se trata de Sebastián Roberto Ramos (Juzgado Criminal y Correccional Nº2), Sebastián Norberto Casanello (Juzgado Criminal y Correccional Nº7), Marcelo Pedro Hernán Martínez de Giorgi (Juzgado Criminal y Correccional Nº8) y Luis Osvaldo Rodríguez (Juzgado Criminal y Correccional Nº9).
Los cuatro participaron del concurso 140 para cubrir las vacantes en el fuero que duró más de cinco años con denuncias de irregularidades en su tramitación, sospechas por las cuales los senadores nacionales de la UCR votaron en contra de las designaciones.
Los jueces se desempeñarán en el fuero federal, encargado de las causas contra funcionarios públicos por corrupción y otros delitos cometidos en la función estatal, y de los expedientes por narcotráfico, informó DyN.
El acto se llevó a cabo en el salón Auditorium de los tribunales de Comodoro Py 2002, con la presencia de otros magistrados, otros funcionarios judiciales y familiares de los flamantes jueces.
Martínez de Giorgi es subrogante desde hace seis años en dos juzgados del fuero y tendrá a cargo el número 8, uno en los que actualmente se desempeña.
Casanello es secretario de la Sala II de la Cámara Federal y jurará en el juzgado 7, donde es suplente Norberto Oyarbide.
Por su parte, Ramos es uno de los secretarios del juzgado de Daniel Rafecas y jurará en el tribunal 2, el segundo que subroga Martínez de Giorgi.
Y Rodríguez es juez de instrucción -el único que no pertenece al fuero federal- y tendrá a su cargo el tribunal 9, en el que subroga el magistrado Sergio Torres.
De los cuatro candidatos el único que recibió impugnaciones en su trámite en el Senado fue Rodríguez, a quien organizaciones no gubernamentales le señalaron supuestas irregularidades en la causa por presuntos sobornos a jueces de Casación de parte del gremialista José Pedraza, entre otras cuestiones.
