Obligado por la pandemia de coronavirus, el presidente Alberto Fernández debió recurrir en 2020 a utilizar la herramienta del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de manera casi cotidiana, ya que en los 12 meses del año pasado firmó 76, uno cada cinco días.
El presidente superó a su antecesor, Mauricio Macri, quien en sus 48 meses de gobierno firmó un total de 73 decretos de necesidad y urgencia. La anterior mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, dictó 82 DNU en 8 años de gobierno.
De acuerdo al inciso número 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional, el jefe de Estado está habilitado a dictar este tipo de decretos "solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos" por la Carta Magna para la sanción de las leyes.
También establece que debe hacerlo "en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de Gabinete". Sin embargo, el texto aclara que los DNU no pueden ser en temas que "regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos".
En los 48 meses que duró el gobierno de Cambiemos, Macri firmó un total de 73 decretos de necesidad y urgencia: el primero fue la clásica modificación de la Ley de Ministerios.
Desde 1983, Carlos Menem fue el jefe de Estado que más utilizó este recurso (284 DNU), seguido por Néstor Kirchner (239) y Eduardo Duhalde (156), según un informe de Chequeado.com.
A lo largo de 2020, un año marcado casi en su totalidad por la pandemia de coronavirus, el mandatario se vio en la necesidad de recurrir a esta herramienta para avanzar en cuestiones que fueron desde el establecimiento de la cuarentena (y sus renovaciones) hasta la prohibición de despidos, pasando por el congelamiento de hipotecas y alquileres.
Entre los DNU firmados por Alberto Fernández también se destacaron la suspensión de la ley que fijaba los aumentos jubilatorios, el cierre de fronteras, la modificación de la Ley de Ministerios, la prórroga del Presupuesto, la declaración de la telefonía celular e internet como servicios esenciales y el relanzamiento del Procrear, entre otras medidas.
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