Más de 80.900 dólares, 239 mil pesos y joyas. Ese botín fue lo que se encontró en una caja de seguridad de la sucursal Río Gallegos del Banco Santa Cruz perteneciente a Carlos Santiago Kirchner, primo del expresidente Néstor Carlos Kirchner.
La medida fue adoptada por orden del juez federal Julián Ercolini, que investiga una causa por presunto fraude con la obra pública durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La apertura había sido pedida por los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes además habían reclamado afectar los bienes de los imputados a los embargos dictados en esta causa, en la que además se encuentra procesada la expresidenta.
En el mismo operativo se abrió otra caja a nombre del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, detenido en el penal Marcos Paz por otras dos causas judiciales, aunque allí sólo encontraron papeles y elementos sin valor, indicaron fuentes judiciales a NA.
Carlos Santiago Kirchner se desempeñó como subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y está procesado por presunto fraude en la concesión obra pública en perjuicio del Estado Nacional, a través del supuesto direccionamiento a favor del empresario Lázaro Báez.
El 28 de noviembre pasado, también por orden de Ercolini, se abrieron otras siete cajas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires pertenecientes a De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López y a Carlos Kirchner. En el caso del exministro de Planificación encontraron su título universitario y 90 mil dólares. Las cajas de López estaban vacías y en las pertenecientes al primo del fallecido expresidente sólo encontraron banditas elásticas.
Las medidas buscan hacer efectivo el embargo que se trabó en la causa por 10.000 millones de pesos sobre cada uno de los procesados (Cristina, De Vido, López, Carlos Kirchner y Báez),
La Oficina Anticorrupción pidió al juez Ercolini en noviembre que eleve a juicio oral la causa, luego de que la Cámara de Casación confirmara los procesamientos. Para el organismo que conduce Laura Alonso, todos ellos formaron parte de "una asociación ilícita destinada a apoderarse ilegítimamente de fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015", a través de la Dirección Nacional de Vialidad.
