Con el aval de los gobernadores peronistas, ingresó este jueves al Senado el proyecto para reformar la Corte Suprema y elevar a 25 el número de integrantes, bajo la premisa de dar una impronta federal al máximo tribunal comandado desde la Ciudad de Buenos Aires. El texto lleva la firma de los senadores José Mayans y de Anabel Fernández Sagasti del interbloque del Frente de Todos y busca plasmar una iniciativa que tiene consenso entre los mandatarios provinciales, que ya llevaron la idea al presidente Alberto Fernández.
En el marco de las dificultades que enfrenta el oficialismo con cada iniciativa de tinte judicial que lleva al Congreso, la oposición ya manifestó su contundente rechazo que tiene además su fundamento en la paridad de ambas cámaras que retrasa el avance de numerosos proyectos.
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y del PRO, no acompañó la movida de sus pares por considerar que se trata de un "avance sobre el Poder Judicial". El radical Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, también había calificado el proyecto como un "disparate jurídico".
El jefe del bloque de diputados radicales Mario Negri se expresó en ese sentido y señaló que "el kirchnerismo nos quiere hacer creer que está preocupado por solucionar los problemas urgentes de los argentinos. Pero quedó demostrado que el único plan que tiene es perseguir la impunidad. El proyecto para elevar a 25 el número de miembros de la Corte Suprema es grotesco".
Proyecto de ley: 16 gobernadores reclaman ampliar la Corte Suprema con "carácter federal"
"Sueñan con convertir el Máximo Tribunal del país en un club manejado por los gobernadores peronistas. El sólo hecho de pensar que la libertad, la propiedad y los derechos más elementales van a estar en manos de jueces delegados de Insfrán, Capitanich o Kicilllof hace poner la piel de gallina", subrayó.
En igual sentido se pronunció su colega de la Coalición Cívica Juan Manuel López quien afirmó que "esta es la batalla final por la impunidad antes del fracaso definitivo de un PJ decadente. Jueces a cambio de sobreseimientos les propone Cristina Kirchner a un grupo de gobernadores. Si pasa el Senado la pelea será en Diputados a brazo partido. La vamos a dar y ganar", anticipó el "lilito".
Los proyectos de modificación de la Corte surgieron a partir de la disputa con el oficialismo por la declaración de inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, que obligó a trabajar en una nueva ley que por ahora no fue aprobada. Como consecuencia, oficialismo y oposición entraron en una lucha por determinar quienes ocuparían los lugares políticos vacantes y reforzaron aún más el conflicto.
El impulso fue dado luego de una reunión que mantuvieron los gobernadores en Buenos Aires sobre finales de mayo donde coincidieron en presentar un texto con la premisa fundamental de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema, actualmente de cinco integrantes aunque con un lugar vacante por la salida de la única mujer Elena Highton de Nolasco.
"Hemos decidido elaborar un proyecto para nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que contemple los proyectos ya presentados, muchos de los cuales han tomado estado público y parlamentario", rezaba el documento final de la reunión.
Qué dice el proyecto
En su primer artículo dispone que "la Corte Suprema estará compuesta por 25 jueces y juezas" y en su segundo artículo instaura que "durante el proceso de nombramiento e integración, las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que la integran al momento de adoptarlas".
Con respecto a los actuales miembros, señala que continuarán en sus lugares, mientras que "el resto de los magistrados se irán integrando, conforme sean designados de acuerdo a lo dispuesto a la presente ley".
Entre los fundamentos se menciona que las modificaciones permitirán "contar con un alto Tribunal en que se eviten los altísimos niveles de delegación de trabajo jurisdiccional en personas que no son sus jueces".
También dispone una integración de manera progresiva, por lo que se tiene en cuenta la necesidad de contar con mayoría absoluta al momento que se tome cualquier decisión, más allá de la cantidad de integrantes.
